Diputados aprobó la creación de juzgados y fiscalías en Santa Fe

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Su objetivo es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así hacer frente a la escalada de violencia narco. Obtuvo 214 votos a favor -del oficialismo y la oposición- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. No hubo votos en contra.

Rosario Narco: el Gobierno acordó con la oposición y avanza la reforma en la Justicia

La iniciativa, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas -Frente de Todos, PRO, UCR y Socialismo- había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución. Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.

“La frontera norte de nuestro país sigue siendo una autopista de cocaína y marihuana”

La importancia que la provincia atribuye a esta medida quedó plasmada en la presencia del gobernador Omar Perotti, quien siguió parte del debate desde el palco. “No tenemos la magnitud para enfrentar un delito de estas características. La necesidad de contar con más fuerzas es imprescindible”, dijo luego en conferencia de prensa.

La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos-, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve. Siguiendo las experiencias de estas provincias, tanto oficialistas como opositores señalaron que el tiempo de trámite de las causas podría reducirse a la mitad.