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El organismo consideró que "debió desistir de su rol de querellante en 2017 bajo la administración anterior", por que no se trata de un presunto caso de lavado de dinero.
Argentina11/07/2022
La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió no solicitar condenas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ni para los otros acusados en el denominado "juicio Vialidad", que investiga supuestas irregularidades en la entrega de obra pública de la Nación a la provincia de Santa Cruz.
La UIF lapidó el peritaje oficial que concluyó sobreprecios en las obras viales de Santa Cruz: "Realizaron un cálculo inentendible". “Observamos errores graves” por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación”.
De esta manera comenzaron los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras más de tres años de debate, el proceso entró en la “discusión final” con una de las querellas adelantando que no hay elementos suficientes para acusar a los imputados.
El abogado de la Unidad de Información Financiera, Leandro Ventura destrozó el peritaje oficial ordenado por el Tribunal. “El estudio profundizó las dudas y debilitó las pocas certezas que teníamos, dejando huérfana la acusación”, afirmó. Y agregó que la duda es insuperable por lo que corresponde pedir la absolución respecto del delito de administración fraudulenta, de asociación ilícita ni de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De este modo, la UIF no sólo no se retiró de la querella como se especulaba en los pasillos de Comodoro Py, sino que decidió mantenerse en el proceso y argumentar a favor de las y los imputados, con un alegato cargado de críticas a la acusación y a la comisión de prueba.
“Se llegaron a resultados inconsistentes” "Realizaron un cálculo inentendible", afirmó Ventura sobre el peritaje. “Los mismos peritos confunden” obras licitadas de cero con las de mantenimiento, dijo. Y agregó: “no contamos con conclusiones lógicas que permitan una fundamentación válida sobre si hubo o no perjuicio para el Estado”.
Los representantes de la UIF criticaron en duros términos que los estudios sobre las obras cuestionadas no fueron realizados durante la instrucción: “recién pudimos escuchar a los peritos durante el debate”, señaló. Y explicaron que por eso motivo no pudieron evaluar la prueba.
Ventura destacó que cada uno de los peritos -Pablo Eloy Bona (oficial), Roberto Paniza (de parte de la fiscalía) y Adriana Alperovich (de parte de CFK)- optó por una metodología distinta. Y, al haber disidencias, no intercambiaron opiniones. Para el querellante, “quedó reflejado en el debate que no hubo diálogo entre los peritos” y “no pudieron establecer qué aspectos eran importantes para establecer si hubo o no sobreprecios”, lo que “afecta la validez misma del informe pericial”.
En concreto, la UIF no mostró lugar a dudas respecto de los sobreprecios que Bona y Panizza afirmaron que hubo en favor de Lázaro Báez: “No se entiende cómo puede ser que concluyeran sobreprecios si en el coloquio afirmó Bona que no cuenta con competencia para determinar sobreprecios”. Por lo tanto, afirmó que “estas conclusiones deben ser descartadas de plano”
Ante un auditorio mixto -presencial y vía Zoom-, la Unidad de Información Financiera aseguró: “No hay resultado al grado posible que exista la posibilidad de sobreprecios. Solo nos quedaron dudas sobre los cálculos, los precios de plaza, los ítems, la metodología, etc”. Y concluyó: “Observamos errores graves” por lo que “sería irresponsable avanzar en una acusación”.
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