El Ente Regulador advierte que la Municipalidad se aprovechó y recaudó $73 millones irregularmente

Con base en un cotejo entre contribuyentes del año pasado y este año, Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, explicó que hubo un incremento de contribuyentes de 111.080 a 134.930, es decir que se agregaron 23.850, un 21% más.

Es así que desde la Municipalidad facturaron 994.584.208 pesos en 2021, con un proyección de 1.867 millones para este año si este esquema se mantiene, lo que representa un 88% de aumento en los montos de dinero que se prevé recaudar.

Saravia expuso así los resultados de una maniobra que representa un beneficio para las arcas municipales, en desmedro del contribuyente. “Han aprovechado una posición dominante y hasta una comodidad del vecino para pagar dentro de la boleta de Edesa”, advirtió.

Asimismo, señaló que un informe de la Dirección General de Inmuebles dejó en claro que “la municipalidad avanzó con crear más de 23 mil nuevos contribuyentes con la excusa de una Unidad Parcelaria Transitoria, pero no existe ningún procedimiento habilitad”.

De hecho, desde Inmuebles afirman que antes de iniciar este proceso, ante una consulta expresa de la Municipalidad, les aclararon que la competencia para establecer catastros es suya, por lo que dedujo que “hay una intencionalidad no solo en cobrar sino en persistir en procedimientos en los que no se respetan competencias”.

En tal sentido, remarcó que también “han desconocido la competencia del Concejo Deliberante para aprobar este tipo de operatorias, sobre todo cuando la empresa Edesa se lleva un porcentaje de la recaudación”.

“Han violado la ley 2308, que rige el catastro único, y violentan la competencia que tiene la Dirección General de Inmuebles”, denunció el titular del Ente afirmando que “han utilizado términos que confunden al contribuyente” por el uso de la palabra “catastro” consignada en una boleta, “con un número que no tiene nada que ver con el catastro”.

“Indudablemente, constituye un dato engañoso que ha determinado que mucha gente creyera que pagaba en un marco de legalidad y, en realidad, estaba pagando algo que, de haber conocido esta situación, no lo hubiera hecho”, agregó.

Así las cosas, adelantó que desde el Ente se trabajará en las medidas a adoptar, estableciendo si puede proseguir esta operatoria, y subrayó: “Esto va a tener que tener una expresión sobre respetar el derecho a la información adecuada y veraz de todos aquellos que pagan servicios públicos”.

Saravia remarcó que desde el Ente cumplieron con el deber “de hacerles conocer que estaban incursos en errores”, y cuestionó que desde el municipio se esfuercen por justificarse en los medios negando el error. “Cuando uno dice que no ha incurrido en ningún error, no quiere devolver la plata que nosotros entendemos que ha sido cobrada en una expresión muy clara de aproximadamente 7700 contribuyentes cobrada dos y tres veces. La irregularidad ha tenido tonos de envergadura que colocan a la Municipalidad en una situación muy compleja”, aseveró al respecto.

Y dijo: “El Ente Regulador no puede sentarse en ninguna mesa en donde se pretenda enterrar un pedazo de la verdad, esconderle al usuario lo que ha ocurrido. Sobre todo, cuando la soberbia ha invadido en niveles tan altos en que, a pesar de los groseros errores, no han querido reconocerlos”.

“Escuchamos hablar al Subprocurador, al Coordinador Legal y Técnico, y funcionarios que hacen un mérito de la adulación a los efectos de decir que la cosa está bien. Yo les digo, la cosa está muy mal”, enfatizó el Presidente del Ente.

Además, hizo alusión a lo expresado por el vicepresidente del Concejo Deliberante, José Gauffin, quien negó irregularidad alguna. “Esta gente aprobó un Código Tributario municipal que le fue remitido por la intendencia el 23 de diciembre y lo aprobaron el 27. Ni siquiera estudiaron dos días hábiles- advirtió-. Cuando se aprueban cosas con esa liviandad, al menos hay que tener un poco de vergüenza con el trabajo que están obligados a hacer y que no hicieron. Esto ha sido un despropósito desde el comienzo”.

Remarcó luego que desde la Dirección General de Inmuebles aclararon que en la ejecución de las operaciones de orden físico “no tienen nada, ni una foto, para decir que hay dos o tres unidades en una casa, sobre todo de gente que no tiene recursos”.

Después de tres encuentros que mantuvieron con autoridades municipales, aseguró que “el problema es cuando salen después de las reuniones a decir lo que no ocurrió”. “La estructura jurídica de esta municipalidad, indudablemente, es muy irregular”, insistió.

Señaló que remitieron los informes pertinentes al Tribunal de Cuentas, los que dan cuenta de que “han incrementado 73 millones de pesos por mes la recaudación, con una política que tiene mucho de voracidad y poco de legalidad”.

Puntualmente, en enero de 2021 lo recaudado fue 100.279.000, pasando a 173.588.000 en enero de 2022. “No da para mucho debate, y no lo vamos a tener al debate. Aparece gente, inclusive de cargos de tercera o cuarta línea de la municipalidad queriendo devaluar nuestra opinión”, expresó Saravia.

En resumen, el Concejo Deliberante debía que aprobar los convenios para que Edesa se llevara el 1,2% de lo que pagan los contribuyentes, pero esto no ocurrió. Tampoco autorizó el Ente a que se incorpore el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y personas a la boleta de Edesa.

“Ni en gestiones que han tenido sospechas graves de corrupción han llegado a tener el ánimo de inventar casi 24 mil contribuyentes e imponerles, en muchos de los casos, pagar dos o tres veces. Está lejos de lo que es una simple negligencia, y va a toda la línea municipal”, aseveró el titular del Ente.

Denunció también que “se han confirmado versiones de que han comenzado las iniciativas de estas operatorias en charlas de alto nivel funcional de la Municipalidad con la empresa Edesa” y que “cuando ha habido algún tipo de rebeldía a esta posición, hasta sumariaron funcionarios, los echaron o los obligaron casi a una renuncia”.

Tras aclarar que el Ente no tiene función de juez, explicó que su intervención se debe a que se cobra desde Edesa “y si eso se usa para un fraude”, desde el Ente pueden suspenderlo hasta que se corrija. El municipio debería ahora pedir las intervenciones a los organismos correspondientes a los efectos de que se regularice la situación, pues “los datos que han transmitido a Edesa estaban desnudos de cualquier respaldo documental”.