El fiscal penal Oscar López Ibarra, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán para Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del Intendente), Orlando Rubén Cárdenas (Jefe de Pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (Secretaria de Hacienda) y Antonia Silvia Acosta (Tesorera) como coautores de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con los delitos de falsedad de instrumento público y peculado.  Para Gustavo Solís Mónico (Intendente Municipal) como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado, falsedad de instrumento público. Para José Luis Feres como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con falsedad de instrumento público y como partícipe necesario de peculado. 

También para Juan Alberto Saldaño, y Gustavo Alfredo Villagrán como partícipes necesarios del delito de peculado dada la cooperación que se habrían realizado en la comisión del ilícito endilgado a los demás. 

La investigación inició en 2019, ante la denuncia de vecinos de esa ciudad por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.

En la fundamentación, el fiscal penal sostiene que en el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el Municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación. Además se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.

El fiscal López Ibarra remarcó una situación de permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, siendo la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de los fondos públicos para su beneficio o de terceros.