
El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia y el sospechoso se encuentra internado con pronóstico reservado.
Siete personas, entre las que se encuentra el jefe comunal de Rosario de la Frontera, fueron imputadas oportunamente a partir de la denuncia de vecinos de esa ciudad que refirieron haber sido incluidos sin su autorización en programas sociales y de trabajo. A su nombre se habrían expedido cheques o pagos en efectivo que no percibieron ni solicitaron.
Judiciales19/05/2022El fiscal penal Oscar López Ibarra, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán para Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del Intendente), Orlando Rubén Cárdenas (Jefe de Pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (Secretaria de Hacienda) y Antonia Silvia Acosta (Tesorera) como coautores de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con los delitos de falsedad de instrumento público y peculado. Para Gustavo Solís Mónico (Intendente Municipal) como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado, falsedad de instrumento público. Para José Luis Feres como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con falsedad de instrumento público y como partícipe necesario de peculado.
También para Juan Alberto Saldaño, y Gustavo Alfredo Villagrán como partícipes necesarios del delito de peculado dada la cooperación que se habrían realizado en la comisión del ilícito endilgado a los demás.
La investigación inició en 2019, ante la denuncia de vecinos de esa ciudad por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero alguno.
En la fundamentación, el fiscal penal sostiene que en el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el Municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación. Además se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.
El fiscal López Ibarra remarcó una situación de permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, siendo la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de los fondos públicos para su beneficio o de terceros.
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Karina Milei, secretaria de la Presidencia, desistió de la medida cautelar que impedía la difusión de sus audios. La decisión se da tras la polémica y el rechazo que generó la prohibición judicial.
La decisión del Tribunal se da tras la muerte de uno de los tres acusados, Javier Saavedra, quien estaba alojado en la Alcaidía General y fue hallado sin vida ayer lunes.
Tras la muerte de Javier “Chino” Saavedra el juicio por el crimen de Jimena Salas fue suspendido. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para juzgar a los hermanos que aún enfrentan cargos como coautores.
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
Catamarca y Formosa ya lograron fallos favorables en la Justicia Federal. Salta presentó una Acción de Amparo ante el máximo tribunal.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
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Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.