Las disculpas llegan después de la muerte

Opinion 22 de septiembre de 2021 Por Natalia Nieto
Hoy no vamos a detenernos en los vericuetos políticos que llevaron al Presidente de la Nación a replantear su gabinete y dejarlo con 21 ministros -incluyendo al Jefe de Gabinete- y de los cuales, 19 son varones y dos, mujeres.
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O en la decisión del gobernador salteño, de sostener el Gabinete actual, compuesto por dos coordinadores, ocho ministros y una sola ministra. Tendría también una o un secretario general de la Gobernación, si el último ya hubiese sido reemplazado. Pero el puesto sigue vacante.

En todo caso, vamos a hablar concisamente sobre la reacción estatal tardía en muchos ámbitos y especialmente, en los urgentes, como lo es la violencia de género.

Este jueves, el Estado argentino pedirá disculpas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un caso de violencia de género y además, hará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pedirá disculpas por las violaciones de derechos que sufrieron Ivana Rosales y sus hijas, Abril y Mayka. Ivana está muerta, porque el Estado llegó tarde. El mismo Estado que este jueves, anunciará una batería de medidas, porque en este caso, llegó muy tarde.

Ivana Rosales fue una mujer de Neuquén que luchó incansablemente contra la violencia contra las mujeres, que vivió y padeció en carne propia; fue víctima de femicidio y su caso quedó impune. Tenía 41 años cuando falleció, y fue como consecuencia de las múltiples secuelas que le dejaron las feroces golpizas que le propinó durante muchos años su exesposo. Estaba embarazada. Fue víctima de una violencia brutal, física, psicológica y la desidia propia del Estado que no respondió en su momento, ni le brindó justicia. Mario Garoglio, su exmarido, se fugó y la causa prescribió, con lo cual nunca fue condenado.

Este jueves, el Estado argentino firmará el primer acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de violencia por motivos de género, en la ex ESMA y estarán la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y autoridades de la provincia de Neuquén, jurisdicción donde ocurrieron los hechos del caso. Por la CIDH. Estará la primera Vicepresidenta de la CIDH y relatora para la Argentina, Julissa Mantilla Falcón.

La firma de este Acuerdo no es una conquista del Ministerio, claro está. Es de Ivana, Abril, allegadas y allegados, quienes siguen luchando por conseguir justicia y reparación. La pregunta es hasta dónde pueden hoy comprometerse los estados nacional, provincial y municipal en la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y diversidades, y especialmente, en materia de prevención y erradicación de las violencias de género.

Tras ser víctima de un intento de femicidio perpetrado por su expareja y padre de sus hijas en 2002, la justicia neuquina sometió a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas.

El tratamiento judicial del caso fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos. Ivana presentó entonces una denuncia ante la CIDH con el patrocinio del CELS y se inició un proceso de solución amistosa con el Estado argentino y la provincia del Neuquén.

Pero Ivana murió. Sufrió un ataque epiléptico, consecuencia de la violencia perpetrada por su expareja el 6 septiembre de 2017 y entonces, su hija Abril tomó como propio el proceso ante la CIDH.

En septiembre de 2019, Neuquén asumió una serie de compromisos de reparación, que ahora, con la firma del acuerdo con el Estado Nacional se complementan con medidas de alcance federal para avanzar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia por motivos de género. El acuerdo incluye importantes garantías de no repetición en relación con las violencias por motivos de género, por ejemplo:

▶El compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia;

▶Medidas para asegurar la efectiva implementación de programas de atención y acompañamiento integral a personas en situación de violencia por motivos de género;

▶Políticas para robustecer los dispositivos territoriales de atención,

▶Capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática;

▶Políticas de gestión de la información que permitan contar con datos fiables,

▶Implementación de políticas públicas orientadas a prevenir hechos de violencia, entre otras.

▶Efectiva implementación del Estado Nacional del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

El compromiso que se asumirá, es enorme. Y también tardío. Para muchas víctimas y especialmente para las salteñas, que tal vez se enteraron que aquí rige desde 2014 la Emergencia Social por Violencia de Género y que ello supondría herramientas inmediatas y efectivas contra el flagelo y no el crecimiento de las denuncias y las muertes. Y digo “tal vez”, porque en la urgencia de evitar ser una “Ivana Rosales”, el tiempo escasea y hay que sobrevivir. O evitar golpes, violencia sexual, económica o de otro tipo. 

Entonces, gestos enormes como los de pedir disculpas a la CIDH por el abandono de una víctima, serán menos declamativos cuando Argentina y Salta puedan enorgullecerse de tener una ciudadanía que cree en sus Gobiernos, porque se anticipan y acompañan y no llegan cuando quienes pidieron ayuda, ya están muertas.

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