Defensa

No sorprende esta decisión, que también se repite en el caso de la ley de emergencia pediátrica conocida como ley Garrahan, porque fue advertida por el mandatario, dispuesto a defender su objetivo de alcanzar el superávit fiscal a cualquier costo. Se trata ahora de lograr que el Congreso insista en su sanción, como ya lo hiciera con la emergencia en discapacidad.

La ley vetada fue sancionada el 22 de agosto pasado y es el segundo intento parlamentario por mejorar la situación financiera del sector, actualizando partidas presupuestarias del funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. También propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. La iniciativa incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación y su actualización de manera mensual según el IPC.

De acuerdo al Decreto 647, publicado hoy en el Boletín Oficial, durante este año y conforme a lo establecido por la ley vetada, el costo total estimado asciende a más de 617 mil millones de pesos en el ejercicio actual y supera los dos billones en el año 2026. Son cifras que en una simple lectura podrían considerarse excesivas para un país con severos problemas fiscales pero solo tratan de recuperar los niveles de inversión que el sistema universitario tuvo hasta 2023.

Recientemente, el Ejecutivo Nacional dispuso un aumento del 29% en los recursos asignados este año para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior. En este punto cabe señalar que la disposición de los fondos es una medida discrecional dado que no se cuenta con un presupuesto para el corriente ejercicio fiscal sino que se administra con una extensión del aprobado en 2022 para el último año de la gestión de Alberto Fernández. Los especialistas señalaron que ese ajuste ubica a la partida para el sostenimiento del sistema universitario en su nivel más bajo en casi dos décadas.

Un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia advierte que en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Ello explica las actuales dificultades en el funcionamiento de las universidades, limitando en extremo “su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”.

Estas restricciones han impactado severamente en la Universidad Nacional de Salta, tal como lo ha señalado su rector, Miguel Nina, quien destacó que al desfase inflacionario la UNSa sumó sus propios problemas de gestión que la llevó a la pérdida de financiamiento en convenios específicos, como los relacionados con la carrera de Medicina y tecnicaturas de otras unidades académicas. Con un déficit de un poco más de 3 mil millones de pesos anuales, el veto amenaza el funcionamiento de la universidad salteña.

Los rectores congregados en el Consejo Interuniversitario Nacional marcaron tres escenarios posibles: que la ley de financiamiento se sostenga, que el presidente Milei la vete y que el camino que quede expedito sea el de la lucha. Por estas horas queda en pie la propuesta de una marcha federal, como la que en abril de 2024 le informó al gobierno libertario que la educación pública es un bien incorporado a la cultura nacional. Y hay que defenderla.

Salta, 11 de septiembre de 2025