Sentido

Convocar a reuniones multitudinarias para disertar respecto de los propósitos que cada sector político tiene sobre una acotada intención de cambiar disposiciones contenidas  en la Carta Magna Provincial, no es precisamente  lo que debe esperarse. Es previsible, entonces, suponer las dificultades que tendrá esta cuestión. 

Alrededor de un millón cien mil ciudadanos estarán habilitados para votar el 15 de agosto próximo y en esta oportunidad deberán elegir 60 convencionales constituyentes, 30 diputados provinciales, 12 senadores y la totalidad de los miembros de sesenta Concejos Deliberantes. En realidad, son elecciones distritales ya que en cada departamento y municipios deberá optarse por propuestas que no exigen una sumatoria provincial; además, solo los 13 mil habitantes de Aguaray deberán decidir quién será su intendente por los próximos dos años.

En estas elecciones de medio tiempo  no hay candidaturas provinciales pero sí habrá un pensamiento globalizador, que es la gestión del Ejecutivo en manos de Gustavo Sáenz. A través de sus referentes en cada departamento, será el momento en que lo que les pasa como parte de Salta será tenido en cuenta. La evaluación será fácil de aplicar al momento de definir las bancas que se renuevan en la Legislatura y la integración de los cuerpos deliberativos municipales; no será el caso de los miembros de la Convención. 

No es complicado calificar si el Gobernador viene cumpliendo con obligaciones básicas, como las de asegurar la atención en los hospitales o postas sanitarias, las de llevar agua y energía a todos los pueblos, entregar casas populares o, al menos, lotes con servicios para que cada uno construya su vivienda y  mantener transitables las rutas de acceso o salida desde los distintos parajes. Que haya trabajo lo convierte en un líder y si evita los paros que cierran las escuelas, podría alcanzar la estatura de un estadista.

Pero si promueve la inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia o, por el contario, les impone un período acotado con una sola reelección, siempre y cuando mantenga su buena conducta, ya es más complejo emparentar con las necesidades cotidianas; en consecuencia, no despierta entusiasmos masivos. Ni hablar si se explica que no deben eternizarse en la cúspide de ese poder porque acumulan funciones esenciales, de las que dependen el ejercicio de derechos y libertades y se les dice que los magistrados no deben exhibir lazos que los vincule con el poder político. 

Explicar una reforma constitucional que no surge de una demanda social sino del interés de una cúpula dirigencial no es fácil; mucho menos si, además, no hay tiempo para exponer y debatir sobre su alcance. Desde la oposición se ha señalado que se trata de una reforma que se limita a cómo se reparte el poder en el tiempo, cuestión completamente alejada de los verdaderos problemas de la sociedad, como explicara Sonia Escudero, candidata del kirchnerismo. Es que los temas habilitados no buscan la ampliación de derechos.

Si para despertar el interés ciudadano en la reforma que viene se advierte que puede decidirse el fin de la  re-reelección, para una buena masa de electores puede no tener mucha significación. Debe tenerse en cuenta que hay votantes que cuando nacieron estaba en desarrollo la gestión de uno de los dos gobernadores que conocieron a lo largo de toda su vida.  Tampoco conocen de la calidad institucional que puede construirse desde partidos políticos vigorosos en los que se aprenden las prácticas básicas de la vida democrática, en los que quienes ganan las internas conducen y quienes pierden, acompañan y controlan.  

Pero si fuese posible, le habrán dado sentido a una convocatoria que -por ahora- no se comprende.

Salta, 06 de julio de 2021