Las del año entrante son elecciones de renovación legislativa tanto a nivel nacional como provincial. Ese carácter les suele bajar el valor a los ojos del ciudadano común pero no así a los de los Ejecutivos que entienden lo que significa gestionar dos años con cuerpos legislativos equilibrados o, peor aún, con mayoría opositora. A la carga de la tarea gubernativa deben sumar la negociación permanente, no siempre –o casi nunca- exitosa. De allí que una de las facultades que más aprecian es la de convocar a elecciones en fechas ajustadas a su voluntad.

Si bien no es el caso del Ejecutivo nacional, que debe cumplir la formalidad de efectuar la convocatoria para el segundo domingo de agosto en caso de las PASO y el cuarto de octubre para las generales, la mayoría de los gobernadores pueden elegir según su conveniencia. Fue en 2005 que se unificó la elección de los miembros del Congreso. Hasta entonces, el Presidente de la Nación sólo podía decidir la convocatoria a elegir los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires pero el desborde del cronograma electoral de 2003 empujó Néstor Kirchner unificar la fecha de los comicios legislativos.

En Salta hubo distintos comportamientos, incluso se pretendió imponer un criterio similar al nacional hasta que, luego de un año con cinco elecciones, se optó por dejar la decisión en manos del gobernador de turno. Luego de varios comicios desdoblados, en 2017 se dejó de lado el pretexto de los diferentes sistemas de emisión de votos y hubo dos urnas –la electrónica y la de cartón- para receptar la voluntad de los electores. Hubo momentos de tensión por la lentitud del proceso pero no cuestionamientos por irregularidades. Por entonces se dijo que la decisión pasó por la necesidad del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey de exhibir a la boleta electrónica en la mejor vidriera, tras el fracaso de expandir a todo el país el mecanismo del que era su principal promotor.

Quedó como tema de análisis el costo. El año pasado se gastaron unos 585 millones de pesos en las dos elecciones en que se la usó; en 2021, sin primarias, el costo será similar, al menos en la estimación presupuestaria. La asignación para el Tribunal Electoral es de casi 780 millones y el 70% se lo lleva el polémico voto electrónico porque las razones de la suspensión de las PASO, centradas en la pandemia, no lo alcanzaron.

La movilización que significa concurrir a votar en tiempos de distanciamiento social tampoco pesó para decidir la unificación de los comicios. Se decidió que se realicen en el primer semestre de 2021, no antes de mayo por los plazos fijados legalmente. Se pretende que el elector elija sin condicionamientos a sus legisladores provinciales y municipales y luego, en la instancia nacional –que pueden ser dos elecciones- a los tres diputados que ocuparán sendas bancas por vencimiento de mandatos. 

Habrá fundamentos más enjundiosos que hablar de una construcción política provincial, que no es más que una alianza variopinta que no encuentra su reflejo en el frente gobernante nacional. Además debe entenderse que en la próxima elección se determinarán mayoría y minorías por voluntad popular y no por la del gobernador de turno. A menos que otro sea el objetivo institucional.

Salta, 29 de diciembre de 2020