
La reestructuración anunciada implica un ajuste del 58 por ciento de los cargos jerárquicos del organismo y pone en riesgo proyectos estratégicos como el reactor CAREM.

El pasado 24 de septiembre, la diputada provincial Mónica Juárez presentó en la Cámara un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia a realizar inspecciones en las entidades financieras de todo el territorio salteño.
La medida, se explicó, alcanzaría a Bancos, sucursales de Rapipago, Pago Fácil, casas de cambio, casas de crédito, etc.
Específicamente, el proyecto señala que el Estado debe controlar el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Comité Operativo de Emergencia para el correcto funcionamiento del sector, evitando así los amontonamientos y concentración de personas en los ingresos de los establecimientos, así como las medidas sanitarias al interior de los mismos.










