Deficiencia

Opinion 28 de septiembre de 2020
Preocupantes datos se revelan en la realidad provincial, atravesada por una situación que es mundial pero tiene en cada sociedad una forma diferente de abordarla y tratarla. Mientras el Gobierno Provincial ha resuelto concentrar en la lucha contra el coronavirus todos sus esfuerzos y la mayor parte de sus recursos, hacia abajo hay una población que va ordenándose en función de sus necesidades.
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Una de las expresiones que se está tornando frecuente es la de la movilización sectorial. Desde la prolongación de la cuarentena bajo diversas modalidades, el comportamiento social frente a las restricciones impuestas denota una repuesta que no necesariamente se corresponde con la intención del sistema de emergencia desplegado.

Si el análisis se reduce a la Capital, el principal municipio de la Provincia, los resultados de la tarea desplegada indica en principio un fracaso de la gestión sanitaria. La propagación comunitaria del virus afectó incluso al propio titular de la cartera de Salud, generando preocupación respecto de la efectividad de las medidas indicadas como preventivas.

La otra cara del accionar de los gobiernos es la ineficiencia en el resto de las obligaciones. Mientras la atención de la salud en general- responsabilidad del Ejecutivo Provincial- ha  decaído por la necesidad de habilitar espacios para la atención de la creciente demanda que genera la pandemia, otros ámbitos de la acción pública también están evidenciando un marcado deterioro.

Hoy hubo una demostración que la sociedad ha resuelto tener una participación más activa en la resolución de sus problemas comunes. Vecinos de barrio Grand Bourg se manifestaron reclamando una acción efectiva del sistema de Seguridad frente a una creciente ola de delitos que ponen en riesgo vidas y bienes. Hay ausencia de acción policial y falta de respuesta por parte de los sistemas  de asistencia, como el 911 y se adjudican esas carencias al desvío de sus acciones al control de la aplicación de medidas sanitarias.

Pese a las permanentes recomendaciones sobre distanciamiento social y, en la medida de lo posible, una virtual paralización de las actividades cotidianas, se denota la decisión social de actuar ante la falta de resultados esperables. Se demanda colectivamente soluciones a la problemática económica o individualmente, se toma la iniciativa de autogestionar los efectos demandados.

Esa reacción, a casi doscientos días de aislamiento o distanciamiento social –según los momentos- , contrasta con una preocupante inmovilidad pública que ha comenzado a reclamarse. La semana anterior cerró con una importante protesta reclamando la rehabilitación del acceso a la Justicia, servicio virtualmente paralizado por una sucesión de prórrogas a una feria extraordinaria dispuesta como medida de protección sanitaria a usuarios y empleados. También la Legislatura ha resuelto suspender sus actividades por razones similares.

El resultado es que hay dos poderes del Estado que no funcionan, con un impacto institucional aún no ponderado acabadamente. Atendiendo a las funciones que ambos tienen puede asegurarse que hay un sistema democrático que no está enfrentando adecuadamente una emergencia.

Salta, 28 de septiembre de 2020

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