Reforma

Opinion 15 de mayo de 2020
La estimación del consumo del período de marzo último que realizó la prestataria del servicio de energía eléctrica generó masivos reclamos de los usuarios. La autoridad regulatoria tuvo que ir a dar explicaciones al Senado de la Provincia y el informe dejó instalada la posibilidad de una reforma en el funcionamiento del organismo.
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El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos usó la reunión con legisladores para dar detalles de las medidas adoptadas en favor de los usuarios en el marco de la pandemia. Es el caso, entre otros, del congelamiento de tarifas, prohibición de cortes de servicios y posibilidad de diferimientos en los pagos, sin cobro de intereses. El interés de los senadores se dirigió al manejo de la situación generada por una facturación considerada excesiva por usuarios de toda la provincia. 

El funcionario relativizó el impacto y justificó los mayores montos en compensaciones que hizo la compañía eléctrica por menor facturación correspondiente a los 11 días de marzo en que no se hicieron lecturas sino que se aplicó por la cuarentena, una causa de fuerza mayor la facturación estimada. Esa explicación hecha pública por los medios, aumentó la molestia de los afectados y en ese marco encaja una revisión de facultades y competencias del organismo, que se propone realizar la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que el Ente Regulatorio de los Servicios Públicos fue creado por Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 1995, a doce días de la primera asunción de Juan Carlos Romero, a la Gobernación de la Provincia.  En sendas reuniones realizadas en un mismo día, ambas cámaras legislativas lo aprobaron y fue promulgado como Ley 6.835. Una amplia y enjundiosa fundamentación reemplazó el debate que no tuvo el DNU y a través de ella se explicaron los principios para la prestación de los servicios públicos de jurisdicción provincial y las importantes potestades reglamentarias, tarifarias y jurisdiccionales con las que se invistió al flamante organismo.

La norma marcó el inicio de un proceso que lleva un cuarto de siglo con algunas modificaciones significativas en materia de prestación de servicios públicos esenciales. A partir de la concesión a empresas privadas, el hecho sobresaliente fue la reestatización de las acciones de la sociedad anónima que presta el servicio de agua potable y saneamiento dispuesta en 2009 por el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey. La sobrevivencia del marco de esa prestación morigeró la apreciación del cambio que debía significar dicha decisión en la tarea regulatoria.

Compete al Ente proteger el interés de los usuarios, dice la ley que ordena su funcionamiento. Pero también debe fijar tarifas justas y razonables, que preserven y mantengan el equilibrio entre los intereses de las concesionarias, los usuarios y las políticas que fije el Estado en materia de servicios públicos.  Esas competencias lo colocan en un papel de árbitro que, según anticipó el Presidente del Senado, será revisado. 

Como inminente se ha colocado la posibilidad que se modifique esa ley para consagrar un rol  como defensor de los usuarios. El debate será intenso porque rozará su condición de tribunal administrativo y otros aspectos no menos relevantes.

Pero la rueda se ha echado a andar.

Salta, 15 de mayo de 2020

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