
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.


La estimación del consumo del período de marzo último que realizó la prestataria del servicio de energía eléctrica generó masivos reclamos de los usuarios. La autoridad regulatoria tuvo que ir a dar explicaciones al Senado de la Provincia y el informe dejó instalada la posibilidad de una reforma en el funcionamiento del organismo.
Opinión15/05/2020
El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos usó la reunión con legisladores para dar detalles de las medidas adoptadas en favor de los usuarios en el marco de la pandemia. Es el caso, entre otros, del congelamiento de tarifas, prohibición de cortes de servicios y posibilidad de diferimientos en los pagos, sin cobro de intereses. El interés de los senadores se dirigió al manejo de la situación generada por una facturación considerada excesiva por usuarios de toda la provincia.
El funcionario relativizó el impacto y justificó los mayores montos en compensaciones que hizo la compañía eléctrica por menor facturación correspondiente a los 11 días de marzo en que no se hicieron lecturas sino que se aplicó por la cuarentena, una causa de fuerza mayor la facturación estimada. Esa explicación hecha pública por los medios, aumentó la molestia de los afectados y en ese marco encaja una revisión de facultades y competencias del organismo, que se propone realizar la Cámara de Senadores.
Cabe recordar que el Ente Regulatorio de los Servicios Públicos fue creado por Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 1995, a doce días de la primera asunción de Juan Carlos Romero, a la Gobernación de la Provincia. En sendas reuniones realizadas en un mismo día, ambas cámaras legislativas lo aprobaron y fue promulgado como Ley 6.835. Una amplia y enjundiosa fundamentación reemplazó el debate que no tuvo el DNU y a través de ella se explicaron los principios para la prestación de los servicios públicos de jurisdicción provincial y las importantes potestades reglamentarias, tarifarias y jurisdiccionales con las que se invistió al flamante organismo.
La norma marcó el inicio de un proceso que lleva un cuarto de siglo con algunas modificaciones significativas en materia de prestación de servicios públicos esenciales. A partir de la concesión a empresas privadas, el hecho sobresaliente fue la reestatización de las acciones de la sociedad anónima que presta el servicio de agua potable y saneamiento dispuesta en 2009 por el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey. La sobrevivencia del marco de esa prestación morigeró la apreciación del cambio que debía significar dicha decisión en la tarea regulatoria.
Compete al Ente proteger el interés de los usuarios, dice la ley que ordena su funcionamiento. Pero también debe fijar tarifas justas y razonables, que preserven y mantengan el equilibrio entre los intereses de las concesionarias, los usuarios y las políticas que fije el Estado en materia de servicios públicos. Esas competencias lo colocan en un papel de árbitro que, según anticipó el Presidente del Senado, será revisado.
Como inminente se ha colocado la posibilidad que se modifique esa ley para consagrar un rol como defensor de los usuarios. El debate será intenso porque rozará su condición de tribunal administrativo y otros aspectos no menos relevantes.
Pero la rueda se ha echado a andar.
Salta, 15 de mayo de 2020

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.

Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.

Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.

El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.

A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.

Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.

Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.

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