Tras las desvinculaciones en AySA y Enacom, se esperan cesantías en otras sociedades públicas; a fines de marzo vencen los contratos que fueron prorrogados por 90 días; funcionarios que respondían a Massa se reubicaron en la gestión libertaria.
Afirman que se incumplió con las exigencias ambientales y democráticas en la gestión de residuos
El abogado ambientalista Luis Segovia, analizó por Aries la actual situación de la Ciudad luego del discurso inaugural del período de sesiones del Concejo Deliberante de Salta. Dijo que hay una situación regresiva en cuanto a los objetivos de la Capital.
Política 02/03/2020El especialista trazó un balance tomando un período de veinte años coincidentes con la sanción de la Ley provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente.
“Considerar que con la actividad humana se puede degradar la biodiversidad o los recursos naturales fue un factor a tener en cuenta desde la década de 1960 en adelante. Por eso gestionar residuos es un método técnico, científico y político, requiere considerar técnicas y también educación”, planteó Luis Segovia.
El abogado recordó que en 1999 cuando se firmó el primer contrato con la actual concesionaria, la empresa Agrotécnica Fueguina, se establecieron algunos objetivos que no fueron cumplidos y en futuros contratos se fueron sacando. “Privilegiaron contratos que pusieron énfasis en la recolección y no en la gestión integral de residuos”, dijo.
Además, advirtió que el acuerdo del municipio Salta con otras cinco comunas vecinas para que depositen sus residuos en el vertedero San Javier “se hizo de hecho, sin ningún marco jurídico”.
“Actualmente seis municipios arrojan residuos en la Capital sin brindar ninguna contraprestación económica ni de otra índole”, precisó Segovia refiriéndose a La Caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced y Campo Quijano. Ante esto, propuso que la renegociación del contrato de concesión de la gestión de residuos se produzca una vez que se haya establecido un régimen de consorcio de gestión de residuos con los municipios involucrados.
En tal sentido, recordó que gestionar residuos primero preocupó a la salud pública, después fue un tema ambiental, luego de gestionar recursos y también se trata de un tema democrático en el que “la sociedad debe participar porque es el servicio público más importante de nuestra comunidad”
“Hay una exigencia legal que nunca se cumplió y es la realización de audiencias públicas para informar sobre el servicio de higiene urbana. Ni siquiera intervino debidamente el Concejo Deliberante”, dijo Segovia y destacó que no sólo las exigencias ambientales sino también las democráticas están sin cumplir.
El Senado dio sanción definitiva al proyecto que establece la posibilidad de cobro a quien, en una causa penal, utilice el servicio de defensoría oficial y pueda solventarlo con su patrimonio. El proyecto pasa al Ejecutivo para su promulgación.
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