
La Justicia amplió la medida sobre activos en USDT tras detectar movimientos vinculados a pagos a funcionarios del círculo presidencial.
El abogado ambientalista Luis Segovia, analizó por Aries la actual situación de la Ciudad luego del discurso inaugural del período de sesiones del Concejo Deliberante de Salta. Dijo que hay una situación regresiva en cuanto a los objetivos de la Capital.
Política02/03/2020El especialista trazó un balance tomando un período de veinte años coincidentes con la sanción de la Ley provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente.
“Considerar que con la actividad humana se puede degradar la biodiversidad o los recursos naturales fue un factor a tener en cuenta desde la década de 1960 en adelante. Por eso gestionar residuos es un método técnico, científico y político, requiere considerar técnicas y también educación”, planteó Luis Segovia.
El abogado recordó que en 1999 cuando se firmó el primer contrato con la actual concesionaria, la empresa Agrotécnica Fueguina, se establecieron algunos objetivos que no fueron cumplidos y en futuros contratos se fueron sacando. “Privilegiaron contratos que pusieron énfasis en la recolección y no en la gestión integral de residuos”, dijo.
Además, advirtió que el acuerdo del municipio Salta con otras cinco comunas vecinas para que depositen sus residuos en el vertedero San Javier “se hizo de hecho, sin ningún marco jurídico”.
“Actualmente seis municipios arrojan residuos en la Capital sin brindar ninguna contraprestación económica ni de otra índole”, precisó Segovia refiriéndose a La Caldera, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced y Campo Quijano. Ante esto, propuso que la renegociación del contrato de concesión de la gestión de residuos se produzca una vez que se haya establecido un régimen de consorcio de gestión de residuos con los municipios involucrados.
En tal sentido, recordó que gestionar residuos primero preocupó a la salud pública, después fue un tema ambiental, luego de gestionar recursos y también se trata de un tema democrático en el que “la sociedad debe participar porque es el servicio público más importante de nuestra comunidad”
“Hay una exigencia legal que nunca se cumplió y es la realización de audiencias públicas para informar sobre el servicio de higiene urbana. Ni siquiera intervino debidamente el Concejo Deliberante”, dijo Segovia y destacó que no sólo las exigencias ambientales sino también las democráticas están sin cumplir.
La Justicia amplió la medida sobre activos en USDT tras detectar movimientos vinculados a pagos a funcionarios del círculo presidencial.
La presidenta de La Libertad Avanza establece un esquema donde Eduardo y Martín Menem controlan el territorio y Caputo define los discursos y la dinámica electoral.
El legislador de Cachi advirtió que el espacio todavía debate la lista y que todos los afiliados tienen derecho a competir. ““El compromiso dentro del frente era que nadie se autoproclamara” remarcó.
Según el dirigente, el éxito de la fuerza provincial dependerá de la militancia activa del oficialismo y del impacto de la economía en la población.
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El edil señaló el comportamiento y accionar de Rodrigo Quinteros y de Erika Castro, ambos concejales libertarios electos. El primero, por amedrentar a un periodista, mientras que la mujer es responsable de Contemax, señalada por contaminación.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Los analistas creen que la Secretaría de Finanzas no renovará todos los compromisos de esta semana y anticipan que inyectará pesos que los bancos usarán para cumplir con los nuevos requisitos de encajes.
El cruce se llevará a cabo en el Padre Martearena de Salta, que retornará como sede después de tres años. Desde las 19.30 de este miércoles, definirán al próximo rival de Belgrano de Córdoba.
Luego de que se cerrara ese paso clandestino, se reunió el Comando Unificado del Plan Güemes en Orán, y el interventor de Aguas Blancas remarcó sobre el impacto económico.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.