La denuncia de excesos policiales en intervenciones en distintos puntos de la Provincia está comprometiendo seriamente la actuación del Ministerio de Seguridad, cuyo titular deberá dar cuenta de los mismos ante ambas cámaras legislativas. No se trata de una situación novedosa pero la frecuencia de dichas denuncias en los últimos días ha generado una fuerte preocupación que encontró eco en la Legislatura. Además, pone en evidencia algunas debilidades institucionales, como la escasa preponderancia del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura.
Opinión29/08/2019
Desde la muerte de tres personas en supuestos traslados policiales en el último trimestre hasta la intervención de la Procuración General de la Provincia para permitir la denuncia de amenazas a una referente social de Apolinario Saravia por parte de efectivos de la fuerza de seguridad provincial, están obligando a lograr el informe del ministro del ramo, Carlos Oliver.
El último caso extremo llevó a que cuatro policías fueran imputados por el delito de Homicidio Culposo de un joven que el grupo había detenido, aunque no hay registros formales de esa actuación. Material documental y testimonios de testigos dan cuenta de la supuesta aplicación de tormentos que condujeron a la muerte a una persona, como en otras oportunidades que asignan a la Policía Provincial un perfil violento e ilegal que se estimaba se había superado luego de hechos que a principios de esta década tuvieron repercusión nacional.
Vale recordar que fue precisamente un episodio de apremios ilegales cometido en una comisaría de General Güemes la que llevó a que Salta sea una de las primeras provincias que instituyó en el país un mecanismo provincial para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; incluso, se adelantó en casi cinco años a la instrumentación del sistema nacional.
Como parte del sistema creado por Ley 7.733 de agosto de 2012 se puso en marcha la Comisión Provincial, cuyo objeto era la de realizar visitas periódicas a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir hechos aberrantes, bajo la guía de los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Cinco años después se derogó esa norma sin que pudiese mostrar muchos logros; al contrario, anticipaba lo que finalmente relativiza su impacto. Su reemplazo, la Ley N° 8.024 estableció el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura para garantizar todos los derechos reconocidos, tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por una abultada normativa de carácter internacional y nacional e, incluso, la Constitución de la Provincia.
Poco se sabe de su tarea que, entre otras facultades, tiene la de examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, realizar recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de tales personas e Intervenir en procedimientos disciplinarios sustanciados contra agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios públicos comprendidos con hechos de tortura. Incluso, su operatividad fue reclamada en casos sucedidos en el norte de la Provincia, por la mala atención y abusos cometidos en comisarías de Tartagal y Orán.
Lo actuado hizo merecedora a la Provincia de ser sede del primer plenario del Comité Nacional contra la Tortura que se realizó en enero pasado. Pero no alcanza para superar la violenta cultura policial.
Salta, 29 de agosto de 2019
Nuevos datos se están conociendo para construir la decisión que se debe adoptar el domingo, cuando se proceda a la renovación parcial del Congreso. Una importante cartera de proyectos que deberán tratar las Cámaras ha sido presentada en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026 y debiera conocerse cuál es la posición que sostienen quienes aspiran a ocupar las bancas en juego.
El diputado nacional Emiliano Estrada se ampara en sus fueros para no declarar ante la justicia federal, en una causa donde dos de sus ex empleados ya fueron condenados.
Aunque el hecho excluyente de estas jornadas es la elección del próximo domingo, las cuestiones que inmediatamente ocuparán la atención pública ya se han anticipado. Una de ellas es la reforma laboral, que encuentra a la estructura sindical fragmentada y con sus bases desmovilizadas.
Los dedos de la mano alcanzan para contar los días que faltan para que el sufrido ciudadano argentino ejercite su calidad de elector y modifique la integración del Congreso de la Nación. Decenas de fuerzas políticas en todo el país han salido en su búsqueda y centenares de candidatos tratan de seducir a los votantes con mensajes que básicamente los muestran como la solución a todos los problemas del país. Y así debiera ser porque por acción u omisión los han generado.
Hace mucho tiempo que una elección intermedia como la del próximo domingo no reviste tanta importancia para los salteños y para todos los argentinos. Lo resumo en una línea, si gana el gobierno nacional la que pierde no es la casta, es la gente. La gente como vos, como tus viejos, como tus amigos. La gente que espera respuestas.
La violencia de las campañas, que vienen caracterizando los procesos electorales en distintos lugares del mundo, se está manifestando en el país. La Provincia no es una excepción y en una sola jornada se denunciaron dos hechos preocupantes.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó sobre la entrega del cuerpo del ex comisario. Además, el escrito especifica todas las tareas realizadas por el organismo en el caso.
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.