La denuncia de excesos policiales en intervenciones en distintos puntos de la Provincia está comprometiendo seriamente la actuación del Ministerio de Seguridad, cuyo titular deberá dar cuenta de los mismos ante ambas cámaras legislativas. No se trata de una situación novedosa pero la frecuencia de dichas denuncias en los últimos días ha generado una fuerte preocupación que encontró eco en la Legislatura. Además, pone en evidencia algunas debilidades institucionales, como la escasa preponderancia del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura.
Opinión29/08/2019
Desde la muerte de tres personas en supuestos traslados policiales en el último trimestre hasta la intervención de la Procuración General de la Provincia para permitir la denuncia de amenazas a una referente social de Apolinario Saravia por parte de efectivos de la fuerza de seguridad provincial, están obligando a lograr el informe del ministro del ramo, Carlos Oliver.
El último caso extremo llevó a que cuatro policías fueran imputados por el delito de Homicidio Culposo de un joven que el grupo había detenido, aunque no hay registros formales de esa actuación. Material documental y testimonios de testigos dan cuenta de la supuesta aplicación de tormentos que condujeron a la muerte a una persona, como en otras oportunidades que asignan a la Policía Provincial un perfil violento e ilegal que se estimaba se había superado luego de hechos que a principios de esta década tuvieron repercusión nacional.
Vale recordar que fue precisamente un episodio de apremios ilegales cometido en una comisaría de General Güemes la que llevó a que Salta sea una de las primeras provincias que instituyó en el país un mecanismo provincial para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; incluso, se adelantó en casi cinco años a la instrumentación del sistema nacional.
Como parte del sistema creado por Ley 7.733 de agosto de 2012 se puso en marcha la Comisión Provincial, cuyo objeto era la de realizar visitas periódicas a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir hechos aberrantes, bajo la guía de los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Cinco años después se derogó esa norma sin que pudiese mostrar muchos logros; al contrario, anticipaba lo que finalmente relativiza su impacto. Su reemplazo, la Ley N° 8.024 estableció el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura para garantizar todos los derechos reconocidos, tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por una abultada normativa de carácter internacional y nacional e, incluso, la Constitución de la Provincia.
Poco se sabe de su tarea que, entre otras facultades, tiene la de examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, realizar recomendaciones a las autoridades competentes con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de tales personas e Intervenir en procedimientos disciplinarios sustanciados contra agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios públicos comprendidos con hechos de tortura. Incluso, su operatividad fue reclamada en casos sucedidos en el norte de la Provincia, por la mala atención y abusos cometidos en comisarías de Tartagal y Orán.
Lo actuado hizo merecedora a la Provincia de ser sede del primer plenario del Comité Nacional contra la Tortura que se realizó en enero pasado. Pero no alcanza para superar la violenta cultura policial.
Salta, 29 de agosto de 2019
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
Una mirada crítica sobre la concentración de poder en Salta y la debilidad de los controles institucionales frente al rol del gobernador.
Para una provincia que lleva más de medio siglo trabajando en una integración regional con sus vecinos de esta parte del continente, este sábado será un día de grandes expectativas. En Asunción del Paraguay se firmará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, conformando un mercado de más de 700 millones de consumidores.
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
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El intendente Manuel Saravia sostuvo que los trabajos preventivos realizados en invierno permitieron que las recientes crecidas no provocaran pérdidas de viviendas. Reconoció que las obras no son definitivas.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció este miércoles la aparición de dispositivos de audio y video dentro de su oficina, y habló de un caso de “espionaje”.