Victoria López Núñez
La Argentina votó en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que respaldaba el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) y condenaba las amenazas, los ataques y las interferencias contra su funcionamiento.
La decisión del Gobierno de Javier Milei ubicó al país entre los 13 Estados que rechazaron la iniciativa, junto con Estados Unidos, Israel, Rusia y Corea del Norte, entre otros. El documento, identificado como A/81/L.11, recibió 93 votos afirmativos, 13 negativos y 36 abstenciones.
La resolución expresa el respaldo de la Asamblea General al informe de la Corte Penal Internacional y rechaza las presiones que puedan afectar la independencia de sus investigaciones y decisiones.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es el tribunal encargado de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, dentro de los límites de su competencia.
Argentina es parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al organismo. El Congreso aprobó su incorporación mediante la Ley 25.390 y el país lo ratificó en enero de 2001.
El voto negativo no implica que Argentina haya abandonado la Corte ni que haya dejado de reconocer formalmente su jurisdicción.
El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana cuestionó la decisión y la calificó como un “nuevo bochorno diplomático argentino en la ONU”.
Taiana sostuvo que el país volvió a votar en contra de sus intereses y de su tradición diplomática. También responsabilizó al canciller Pablo Quirno por la instrucción impartida a la representación argentina ante Naciones Unidas.
La votación se produce en un contexto de tensiones entre la Corte Penal Internacional y los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
El tribunal emitió en noviembre de 2024 una orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con el conflicto en Gaza.
Por su parte, la administración de Donald Trump impulsó sanciones contra la Corte, a la que acusa de exceder sus atribuciones y afectar la soberanía estadounidense.
El rechazo a la resolución se suma a otras votaciones en las que el Gobierno argentino se distanció de posiciones tradicionalmente sostenidas por el país en organismos internacionales.
La decisión vuelve a colocar en discusión el alineamiento diplomático con Estados Unidos e Israel y la relación de la Argentina con los organismos multilaterales.
Aunque el país continúa siendo miembro de la Corte Penal Internacional, su voto contra una resolución de respaldo al tribunal marca una diferencia respecto de su histórica participación en el fortalecimiento de la justicia penal internacional.
