Victoria López Núñez 
El caso de Nicolás Mendioroz Juncosa, condenado por estafar a tres personas mediante supuestas inversiones en criptomonedas, sumó un nuevo capítulo. Pese a que fue localizado en Australia y regresó a Salta por una orden de captura internacional, las víctimas no recuperaron los US$164.000 que perdieron.
Así lo explicó en N&N por Aries, el abogado querellante Gabriel Fanjul Avellaneda cuestionó el acuerdo judicial alcanzado con el acusado y reveló que ni siquiera existió un compromiso de devolución.
Fanjul explicó que Mendioroz Juncosa ofrecía inversiones en criptomonedas a personas con las que compartía partidos de fútbol, asados y reuniones sociales.
La confianza fue fundamental para concretar las operaciones. Una de las víctimas mantenía una amistad de aproximadamente 15 años con el acusado.
El negocio consistía en entregar dólares para acceder a cupos de inversión de US$10.000, con una rentabilidad prometida del 10% mensual. Según el abogado, los primeros pagos se realizaron con normalidad, pero luego comenzaron los incumplimientos.
La Fiscalía sostuvo que la maniobra respondía a un esquema Ponzi, en el que las supuestas ganancias se financiaban con el dinero aportado por nuevos inversores.
Las operaciones comenzaron en 2021 y los incumplimientos aparecieron ese mismo año. Posteriormente se presentaron las denuncias y el acusado abandonó el país.
Fanjul relató que inicialmente Mendioroz Juncosa llegó a ser buscado como desaparecido y que, más adelante, se estableció que se encontraba en Australia.
Los damnificados aportaron información sobre su actividad en redes sociales, lo que permitió avanzar en su localización. El abogado explicó que la querella debió recurrir al tratado de extradición entre Argentina y Australia para solicitar su detención.
La Fiscalía acompañó el pedido y finalmente la Justicia dispuso la captura internacional que permitió su regreso a Salta.
Tras su llegada, Mendioroz Juncosa aceptó su participación en los hechos mediante un juicio abreviado, que derivó en una pena de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta.
Sin embargo, Fanjul reveló que los damnificados se opusieron al acuerdo porque no contemplaba ninguna reparación económica.
“No hubo un compromiso en devolución del dinero”, aseguró.
El letrado explicó que, tratándose de una estafa, el perjuicio principal es patrimonial y consideró que cualquier solución judicial debería contemplar alguna forma de resarcimiento. “Manifestó que no tenía el dinero para devolverlo”, señaló sobre la explicación del condenado.
El abogado precisó que el perjuicio total reconocido en la resolución judicial asciende a US$164.000 y que uno de sus representados entregó US$150.000.
Aunque los damnificados pudieron expresar su oposición al juicio abreviado, su postura no era vinculante para la decisión judicial.
Fanjul confirmó que analizan apelar y cuestionó que el proceso haya concluido sin una propuesta de reparación. “No hubo ni siquiera intención de reparación, entonces este sentido de justicia queda incompleto”, lamentó.
El abogado aseguró que, después de años de trámites para lograr el regreso del acusado desde Australia, las víctimas mantienen una sensación de frustración porque el dinero no apareció.
