Victoria López NúñezAmnistía Internacional anunció que denunciará al presidente Javier Milei ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus recientes ataques contra periodistas. La entidad advirtió sobre una “grave e inadmisible escalada” de hostilidad presidencial hacia la prensa y confirmó que prepara las presentaciones formales para esta semana.
La decisión surgió después del discurso que Milei pronunció en la Fundación Faro, donde apuntó contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, quienes abordaron el caso de la criptomoneda $LIBRA.
El mandatario los descalificó con acusaciones de corrupción y operaciones periodísticas y afirmó: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”. Para Amnistía, esa expresión evoca una violencia extrema.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, calificó el episodio como “gravísimo” y cuestionó que la máxima autoridad del país naturalice los insultos y el hostigamiento. “El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan”, sostuvo en referencia a la libertad de expresión. Además, advirtió que señalar públicamente a periodistas puede generar un clima de intimidación.
La organización respaldó su preocupación con cifras del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que registró 278 ataques contra la prensa durante 2025, un 55% más que en 2024. Según ese relevamiento, Milei fue identificado como protagonista directo de 119 episodios. También mencionó restricciones al acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y acciones judiciales contra comunicadores críticos del Gobierno.
Amnistía Internacional reclamó que el Presidente y los demás funcionarios cesen los mensajes intimidatorios y garanticen condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. La entidad sostuvo que el problema trasciende a los trabajadores de prensa, porque el hostigamiento desde el poder también puede afectar el derecho de toda la sociedad a recibir información y participar de un debate democrático libre.
