Tras casi una semana fuera del país, Gustavo Sáenz continúa con una agenda nacional. El último tramo del período ordinario de sesiones del Congreso incluye cuestiones de fuerte tono federal y allí tallan fuerte los mandatarios provinciales.
Cambios
Sigue subiendo la cotización de los gobernadores, especialmente los del norte del país, en relación a la actividad del Congreso Nacional. De a uno se cuentan los votos para asegurar la aprobación o rechazo de iniciativas o para formar el quórum necesario para habilitar sesiones.
Desde que la Corte de Justicia dejó en pie la derogación de la ley de tierras rurales, el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70, de diciembre de 2023, solo espera que se apruebe el pedido de sesión especial que presentaron varios bloques opositores de la Cámara de Diputados. Es el cuerpo que aún no se pronunció sobre esa norma, que inauguró un período de cambios estructurales, que está en pleno proceso.En las últimas horas se sumó el pedido de tratamiento de otro DNU, entre más de 80 que firmó desde su asunción el presidente Javier Milei.
No se trata de las cuestiones que estén en el centro de la atención ciudadana aunque sus efectos configuren la realidad social, económica y cultural del país. Según informes del Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo de la Universidad Austral, la administración libertaria ha batido varios récords en la materia y, pese a los cuestionamientos -que en no pocos casos llegan a la judicialización-, insiste en su uso para implementar desregulaciones y medidas de gestión económica y administrativa, cuya sanción generalmente no tiene asegurada .
Sin mayoría propia, el avance de sus iniciativas impone al oficialismo nacional un estado permanente de negociación que lo lleva a tomar el atajo del recurso extraordinario de los decretos de necesidad y urgencia para apurar la aplicación de medidas. Ello genera un estado de tensión en el vínculo con la oposición, que tampoco puede tomar la delantera porque el pronunciamiento desde las bancas no necesariamente refleja el voto del electorado.
El precario equilibrio de fuerzas no permite asegurar que la convergencia de ocho bloques que solicitaron una sesión para el 15 de este mes, permita que la Cámara baja lleve al recinto el tratamiento del megadecreto 70 y quede en pie el límite para la venta de tierras a los extranjeros. Para facilitar ese propósito se han sumado dos proyectos de fuerte demanda social, como lo son la emergencia en discapacidad y la morosidad de una amplia franja de familias argentinas. Y ese paquete de iniciativas no entusiasma a La Libertad Avanza.
En tanto se van acumulando otras cuestiones no menos significativas, tanto por el número de involucrados en sus efectos como por el interés que distintos sectores políticos tienen en su tratamiento. Allí juegan los gobernadores que encuentran en esas situaciones elementos de intercambio.
La reciente semana argentina en París, montada para interesar a inversores en las oportunidades que ofrece la Argentina al capital internacional, actualizó la vigencia del programa de ciudadanía por inversión. Fue creado por un DNU en mayo de 2025, mediante el cual se modificaron las leyes de Migraciones, Ciudadanía y Educación Superior.
Permite a una persona extranjera solicitar la ciudadanía argentina cualquiera sea su tiempo de residencia en el país si es que realiza aportes al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público.
Son cambios estructurales, que no son producto del debate político. Si prosperan los acuerdos con los mandatarios que tienen incidencia parlamentaria, pueden quedar en pie y ello no es saludable institucionalmente.
Salta, 06 de octubre de 2026
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La continuidad de las políticas de discapacidad y los recursos para sostenerlas durante 2027 ocuparon buena parte del debate en la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta.
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