La necesidad de resolver las dificultades que enfrenta actualmente ese sector, una de las principales víctimas del ajuste libertario, obligó a definir la posición que se espera de la representación legislativa nacional.
Un proyecto de declaración expresando la preocupación por la situación y solicitando que el Presupuesto Nacional 2027 asegure el financiamiento de políticas para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos, habilitó la exposición de posturas y el análisis de datos que describen el efecto de medidas que vienen disponiéndose desde 2024. La iniciativa del oficialismo provincial se expuso sobre la base de datos que dan la dimensión del problema, de extrema gravedad por la limitación y hasta la inexistencia de prestaciones esenciales. La Libertad Avanza, obviamente, defendió los cambios impuestos por el gobierno de Javier Milei, con referencias que dejaron cuestionamientos que exigen explicaciones.
Desde 2024 se iniciaron en Salta 90 mil trámites por pensiones de discapacidad y sólo se resolvió un 10%, es lo que expuso la miembro informante del saencismo, Laura Cartuccia. También precisó que hay 65 mil personas que tienen certificado único de discapacidad, casi 40 mil son beneficiarias de Incluir Salud y un poco más de 30 mil son titulares de pensiones no contributivas pero la cobertura de esas obligaciones demanda gestiones para la liberación de fondos.
Desde ese punto, la confrontación de opiniones transitó por las irregularidades que obligaron a que la administración libertaria dispusiera bajas del padrón de beneficiarios. Incluso, diputados de la oposición recordaron que uno de los autores del proyecto en discusión es un legislador imputado en una causa federal abierta por la emisión de certificados de salud falsos. La opinión mayoritaria se orientó a sostener que la obligación de fiscalizar no puede desligarse de la obligación de resolver, especialmente cuando las decisiones administrativas afectan el acceso a recursos y prestaciones.
Esta confrontación de criterios tiene su reflejo en el trámite que se lleva adelante en el Congreso de la Nación para extender la emergencia que va a vencer en diciembre próximo. La propuesta original planteada por la oposición y acompañada por aliados al oficialismo, llevó a que los libertarios presentaran un dictamen alternativo que logró la adhesión suficiente como para convertirse en el de la mayoría, sumando la firma del diputado saencista Bernardo Biella, aunque con una disidencia.
Lo cierto es que a 60 días del fin del período ordinario de sesiones, la puja de posicionamientos políticos -intensificada por intereses de carácter netamente electoralista- sigue demorando las soluciones.
Otro problema es que una cuestión social de esa envergadura va perdiendo prioridad frente a otros proyectos que son esenciales para las gestiones de gobierno. Es el caso del presupuesto para 2027, que determina la distribución de recursos. El proyecto del Ejecutivo Nacional no abandona el propósito del equilibrio fiscal, limitando en extremo la inversión en ese tipo de problemáticas pero sosteniendo el gasto para fortalecer el poder discrecional del mandatario libertario.
Esto significa que es toda la sociedad la que ha ingresado en zona de riesgo, porque es la democracia la que se está tornando vulnerable con modelos de conducción autocrática.
Salta, 30 de setiembre de 2026
