El pasado miércoles comenzó en un plenario de comisiones el tratamiento de una iniciativa presentada por el propio presidente Javier Milei por cadena nacional, cuya estructura excedió con creces los objetivos expuestos por el mandatario. En 133 artículos, agrupados en ocho títulos, se plantean cambios al andamiaje legal de la seguridad nacional que quedaron solapados bajo la bandera de una causa nacional. Precisamente fue la Vocería Presidencial la que enmarcó el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, cuando lo calificó como un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia del país.
La urgencia que se ha impuesto a su tratamiento -al punto que desplaza del análisis de las comisiones de trabajo al proyecto de presupuesto nacional 2027- se explicó en que tiene que ver con la necesidad de dotar a la República Argentina de un marco normativo integral, permanente y coordinado para la defensa de su soberanía, la protección de los intereses vitales y estratégicos de la Nación. También se hace referencia al fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a las amenazas de los tiempos actuales. En ese plano se insistió en que no se va alterar la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. Pero ya la duda se hizo carne frente a un proyecto que propone un Sistema de Seguridad Nacional que articula áreas como la defensa, la inteligencia, la economía, la diplomacia y la ciberseguridad, además de incorporar un capítulo específico sobre la protección de infraestructuras críticas.
De allí el interés que en la primera sesión de debate parlamentario despertó la exposición del secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, general Jorge Puebla. No eludió la mención al señalamiento que por violación de derechos humanos les cupo a las fuerzas armadas, reconociendo que semanalmente se da curso a un promedio de 2 ó 3 causas de lesa humanidad. Asumió que desde su posición y como aporte al proyecto de ley definió un punto vinculante entre el pasado y el futuro para poder definir una visión hacia los próximos 40 años del país vinculada con el rol de las fuerzas armadas.
De aprobarse la ley como pretende el gobierno de La Libertad Avanza se deben compartir conceptos que para la mayoría de las fuerzas políticas son discutibles, cuando no repudiables. De allí el esfuerzo del militar por señalar que en los 44 años de democracia hubo más de una muestra de que las actuales fuerzas armadas son democráticas, concurriendo en apoyo de la comunidad. Hizo una enfática convocatoria a confiar en ellas, para poder salir de la “caja de cristal” en las que se encuentran preparándose para una agresión estatal externa.
En ese punto apareció que el novedoso espíritu malvinero del Presidente de la Nación no es el motor de esta iniciativa., El general Puebla explicó que “no tenemos problemas con nuestros vecinos y hay un compromiso de resolver diplomáticamente nuestros conflictos con el Reino Unido. Entonces, necesitamos adecuar nuestras fuerzas a las necesidades actuales del país”.
Le cabe a la sociedad tomar nota que todo el sistema de defensa quedará en manos de un Consejo de Seguridad Nacional, si las negociaciones del Ejecutivo con el Congreso construyen una masa crítica que permita la aprobación de la ley en tratamiento. Y serán los legisladores quienes deberán hacerse cargo si entregan a un solo organismo la determinación de cuáles son las necesidades del país.
Salta, 01 de octubre de 2026
