Victoria López Núñez
En julio, durante la discusión del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Bullrich sostuvo que los ciudadanos extranjeros residentes en el país debían tener los mismos derechos que los argentinos en materia de propiedad.
“Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional”, afirmó entonces.
La dirigente explicó que, bajo esa interpretación, no debía existir una restricción específica sobre la cantidad de tierras que pudiera adquirir una persona extranjera y comparó esa situación con la compra de departamentos u otros bienes. “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas”, planteó.
Bullrich sí estableció una diferencia respecto de los Estados extranjeros. Según explicó en aquella oportunidad, el proyecto contemplaba una prohibición total para que otro Estado pudiera adquirir territorio argentino.
“La soberanía está absolutamente resguardada”, aseguró en ese momento.
Las declaraciones vuelven a cobrar relevancia después de que la Corte Suprema revocara este martes el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
Ese artículo derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establecía límites a la propiedad extranjera. Entre otras disposiciones, fijaba un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y establecía restricciones adicionales por nacionalidad y superficie individual.
Con la decisión del máximo tribunal, vuelve a quedar vigente la derogación impulsada por el Gobierno de Javier Milei y dejan de operar aquellas restricciones de la ley de 2011.
La resolución no implicó que la Corte analizara de fondo si la eliminación de esos límites es constitucional. El tribunal revocó la sentencia previa en el marco de la discusión judicial sobre la validez de la acción que había frenado la aplicación del decreto.
La compra de tierras por extranjeros vuelve así al centro del debate político, con posiciones enfrentadas entre quienes consideran que las restricciones son necesarias para preservar recursos y territorio y quienes, como Bullrich y el Gobierno nacional, sostienen que la propiedad privada no debe establecer diferencias entre ciudadanos argentinos y extranjeros.
