La denominada “escuela fantasma” es investigada hace más de un mes por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que deberá establecer la existencia, funcionamiento, designaciones y manejo de recursos públicos de la Unidad Educativa N° 7160. La denuncia fue presentada inicialmente en Cerrillos y luego derivada a la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, quien dispuso medidas para establecer si pudo existir algún perjuicio para la administración pública.
El expediente se inició a partir de la denuncia de la docente Celia Alancay, radicada el 12 de agosto ante la Fiscalía Penal de Cerrillos y luego remitida a la unidad especializada en delitos económicos. Actualmente, la docente es patrocinada por el abogado Nicolás Vedia.
Según la denuncia, existirían más de 300 personas vinculadas con esa unidad, con dudas sobre las funciones que efectivamente cumplirían y el procedimiento mediante el cual habrían sido designadas. La denuncia también habla de presuntos adicionales o sobresueldos
En el marco de las primeras medidas, el 20 de agosto, la fiscalía requirió información al Ministerio de Educación de la Provincia, a cargo de Cristina Fiore, con el fin de obtener documentación oficial que responda si la Unidad Educativa N° 7160 existe formalmente y si se encuentra en funcionamiento. La UDEC también solicitó el instrumento administrativo mediante el cual habría sido creada y el detalle de su estructura actual.
La documentación requerida permitiría reconstruir la organización de la unidad, determinar qué cargos fueron establecidos, quiénes aparecen vinculados y cuáles serían las funciones asignadas.
Recursos públicos
La investigación apunta además a establecer cómo se asignaron y cuál fue el destino de los recursos públicos relacionados con esa estructura. Deberá establecer también si ello produjo un perjuicio económico para el Estado y si existen responsabilidades de relevancia penal.
A más de un mes de la presentación que dio origen al expediente, la causa continúa en etapa investigativa.
