El Gobierno de Bolivia anticipó que podría aplicar medidas más restrictivas, incluso un toque de queda, si se producen nuevos bloqueos de carreteras, mientras busca extender por otros 90 días el estado de excepción vigente desde junio.
El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó que el Ejecutivo contempla la posibilidad de endurecer las restricciones en todo el país, determinadas regiones o sectores específicos, dependiendo de la evolución de los conflictos.
“Si se ve pertinente imponer otras medidas, lo vamos a hacer”, sostuvo. Entre las herramientas mencionadas aparece la posibilidad de limitar la circulación durante determinadas franjas horarias.
La medida todavía no está vigente como un nuevo estado de sitio. El Gobierno aprobó la ampliación por otros 90 días del estado de excepción que comenzó el 20 de junio, pero la decisión debe recibir autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El presidente Rodrigo Paz defendió la continuidad del régimen excepcional y aseguró que el Gobierno no pretende impedir las manifestaciones.
“No se prohíbe la protesta, pero sí la subversión, sí el bloqueo”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que las rutas no pueden volver a quedar paralizadas por medidas de presión.
El actual estado de excepción fue dictado después de más de 50 días de bloqueos que afectaron distintas regiones del país y provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Las protestas también generaron pérdidas económicas que sectores empresariales estimaron en alrededor de US$3.000 millones.
El Gobierno argumenta que la extensión permitirá garantizar la circulación y el abastecimiento frente a nuevos anuncios de protestas de transportistas, maestros, vendedores informales y otros sectores.
La decisión también generó rechazo entre sectores opositores y sindicales. El expresidente Evo Morales sostuvo que la prórroga será utilizada para reprimir las protestas, mientras organizaciones docentes cuestionaron que el estado de excepción sea empleado para limitar reclamos sociales. El Gobierno rechaza esa interpretación y asegura que la protesta continúa permitida mientras no implique bloqueos o hechos de violencia.
La Constitución boliviana establece que el estado de excepción debe contar con control legislativo y no puede suspender derechos fundamentales, el debido proceso ni el derecho a la información.
La definición quedará ahora en manos de la Asamblea, que deberá decidir si autoriza la extensión solicitada por el Ejecutivo hasta fines de 2026.
