Prioridades

Es lo que se desprende del proyecto que el Ejecutivo nacional giró al Congreso en la noche del martes . El mensaje que acompaña la iniciativa ratifica el rumbo económico de la administración libertaria, centrado en el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de la actividad económica.

Luego que la Mesa Política ordenara la agenda parlamentaria demandada por el presidente Javier Milei y tras la reunión que mantuvieran con el mandatario,los legisladores oficialistas activaron las comisiones de trabajo para dar impulso a la actividad de las cámaras, con escaso rendimiento en la segunda mitad del año legislativo.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados ya tuvo su primer encuentro pero todavía no dio trámite al esquema de gastos y recursos al que se le debe dar ingreso formal y el correspondiente giro a los grupos de trabajo que tienen no más de cuatro semanas para la primera media sanción. Todo indica que los legisladores peronistas y los gobernadores aliados y opositores tendrán el peso de la puja por lograr el financiamiento de sus demandas. Los libertarios sólo deben acompañar las negociaciones del Jefe de Gabinete, para evitar que haya cambios que desvíen los objetivos del proyecto, que en su diseño contiene la pretensión reeleccionista de Milei.

En un año electoral, los recursos totales de la Administración Nacional fueron estimados en casi 199 billones de pesos; equivalen al 14% del Producto Bruto Interno y representan un incremento del 25,3% frente a 2026. Si se tiene en cuenta que la inflación proyectada para todo el año es del 18%, el aumento es real pero no necesariamente puede reflejar una mejora para las provincias. Es lo que indican las prioridades de la política presupuestaria informadas  en el mensaje que acompaña al proyecto..

El objetivo de un equilibrio fiscal sostenido sigue siendo la columna vertebral del esquema de gastos y recursos para mantener contenida la inflación. En el último año de este primer mandato, el equilibrio fiscal continuará siendo un ancla fundamental de la política económica, adelantó el Ejecutivo.

También tomó las previsiones para sostener un acompañamiento social sin intermediaciones. En base a un cambio de visión en la política para el sector, se buscará avanzar en la transformación gradual de cerca de 900 mil planes sociales hacia esquemas condicionados a la formación y orientados al empleo formal. Para 2027, la estrategia se enfocará en consolidar los programas de finalización de ciclos educativos y capacitación laboral, fortaleciendo la trazabilidad y la focalización de la política social a través del nuevo Registro Integrado de Beneficiarios. El anticipo es una promesa de conflictividad social, si los gobiernos provinciales no adoptan medidas para morigerar sus efectos.

Otro punto que seguramente generará fuertes negociaciones son las disposiciones en materia de obra pública, La decisión es mantener la redefinición del rol del Estado en la materia habilitando una mayor participación privada, en base a prioridades que estarán orientadas a la conservación de la infraestructura existente, la seguridad y la continuidad de los servicios esenciales, con especial atención a las redes viales y ferroviarias. Seguramente, el gobernador Gustavo Sáenz dominará las negociaciones sobre decisiones en un rubro que es básico en su gestión como es el de la obra pública.

Tras la presentación del proyecto, que llegó a Diputados sin demasiado ruido, se está organizando la intervención de los diferentes secretarios y subsecretarios de las distintas áreas del Palacio de Hacienda, para que lo defiendan en las comisiones. Pero a la pelea de fondo la darán los mandatarios en las mesas de diálogo en las que participará el ministro de Economía, Luis Caputo, que prefiere el intercambio mano a mano con quienes también manejan sus propios presupuestos y prioridades.

Salta, 16 de setiembre de 2026