Dos consorcios se disputan AySA, la privatización más grande del Gobierno

El agua de 14 millones de personas es la joya del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno y esta mañana empezó a tener nombre y apellido. A las 10, se abrieron los sobres electrónicos de la primera etapa de la licitación por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y quedaron a la vista los dos consorcios liderados por grupos locales que van por la empresa.

Las propuestas confirmadas fueron una que corresponde al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A. La otra fue presentada por Roggio ROAS S.A.U. “y otros”.

Según el acta de apertura, 17 participantes estaban registrados en el proceso, pero solo dos se presentaron para la siguiente etapa. La licitación se encuadra en la ley Bases y en la ley de reforma del Estado de 1989.

Ahora, las ofertas pasan a análisis técnico. Los grupos que cumplan con los requisitos del pliego quedarán habilitados para presentar la oferta económica y recién ahí se definirá al ganador, que será el que ofrezca el número más alto. El pliego no fija base ni precio mínimo, de modo que el valor de la compañía dependerá de la competencia entre los dos oferentes. En el Ministerio de Economía calculan recaudar unos US$450 millones. El 10% restante del capital seguirá en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada.

Es la operación más grande del programa en términos de ingresos genuinos para el Estado. La venta del 70% de Metrogas, que YPF acordó con Edenor en US$780 millones y que todavía espera la prórroga de la licencia para cerrarse, involucra un monto mayor, pero ese dinero le corresponde a YPF, que es la accionista mayoritaria de la distribuidora de gas. En el caso de AySA, el vendedor es directamente el Estado nacional.

La empresa también carga con una historia de ida y vuelta. Fue privatizada en 1993, cuando la concesión de Aguas Argentinas quedó en manos del grupo francés Suez. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato y volvió a estatizar el servicio, que desde entonces presta AySA. Ahora, 20 años después, el agua y las cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y de 26 distritos del conurbano volverán a tener dueño privado.

El Rey del Cloro

El candidato principal es el consorcio que tiene al empresario Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, el proveedor del insumo más importante que consume AySA, el cloro, lo que le valió el apodo de Rey del Cloro. Su empresa es el mayor fabricante de la Argentina y desde 2009 es el proveedor monopólico del policloruro de aluminio que se usa para potabilizar el agua.

Ese vínculo ya dejó un antecedente incómodo. En 2023 ganó como único oferente una licitación de US$127 millones para esa misma provisión, un proceso que derivó en una denuncia penal de la Coalición Cívica que no avanzó en la Justicia.

Filiberti es, además, socio de José Luis Manzano y de Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país. Y hay un dato que refuerza el cruce entre ambos negocios. AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y, por lo tanto, el principal cliente de Edenor. Si la oferta prospera, el mismo grupo tendría de un lado la empresa que vende la energía y del otro la que la compra. El consorcio lo completan Rowing, la firma de ingeniería y construcciones de Walter Román, además de Arcos y PHX.

El otro oferente es el Grupo Roggio, el jugador local con más trayectoria específica en el rubro. Opera Aguas Cordobesas, el subte porteño y el ramal Urquiza a través de Metrovías. Su histórico líder, Aldo Roggio, está procesado en la causa Cuadernos, donde declaró como arrepentido y reconoció haber pagado coimas. El 12 de agosto, el grupo publicó en el Boletín Oficial la creación de una sociedad específica para este negocio, con Benito Roggio e Hijos como accionista y domicilio en la ciudad de Córdoba.

Según informó el grupo, el consorcio que encabeza también integra a Aguas de Corrientes, concesionaria desde 1991 del servicio en la ciudad de Corrientes y otras 13 localidades de la provincia, y cuenta con el aval técnico de la estatal israelí Mekorot y del grupo japonés Marubeni, que actúa a través de Aguas Nuevas. Roggio presta el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba desde 1998 mediante Aguas Cordobesas, con más de 560.000 usuarios servidos, y participa en la construcción simultánea de siete plantas y cientos de kilómetros de acueductos y redes en la Argentina, Perú y Paraguay. Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes son, según el grupo, las dos mayores operaciones de agua y saneamiento del país en manos privadas.

La ausencia de operadores internacionales como dueños del activo no es exclusiva de este proceso. En la licitación por el 50% de Citelec, la controlante de Transener, compitieron tres grupos locales. Las cuatro hidroeléctricas del Comahue también quedaron en manos de empresarios argentinos, y la compra del 70% de Metrogas la acordó Edenor. Es un contraste con las privatizaciones de los años 90, cuando la concesión del agua del AMBA quedó en manos de un consorcio encabezado por la francesa Suez. Ahora los nombres extranjeros aparecen en un rol secundario, como proveedores de asistencia técnica, y no como accionistas.

La Nación