Desde el 5 de septiembre comenzará a regir en Salta el nuevo Régimen Penal Juvenil, que alcanzará a adolescentes desde los 14 años. A pocos días de su implementación, desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos reconocieron que la provincia no está totalmente preparada en materia de infraestructura, aunque aseguraron que cuenta con equipos profesionales y dispositivos para afrontar el nuevo escenario.
“Totalmente preparada, en el ideal te diría que no estamos”, admitió el secretario de Justicia y Derechos Humanos al ser consultado sobre la capacidad provincial. El cambio amplía el sistema, que hasta ahora trabajaba con jóvenes desde los 16 años, e incorpora a adolescentes de 14 y 15 años.
La Ley 27.801 establece un régimen penal para adolescentes desde los 14 hasta antes de cumplir los 18 años y fija en 15 años el máximo de una pena privativa de libertad, aunque desde la Provincia remarcaron que se trata de situaciones excepcionales y que existen medidas alternativas orientadas a la educación y resocialización.
Uno de los principales desafíos será precisamente la reinserción social. Desde Justicia reconocieron dificultades tanto en el sistema juvenil como en el de adultos y plantearon la necesidad de reducir la reincidencia mediante educación, capacitación y herramientas vinculadas al trabajo.
El área señaló además que muchos de los adolescentes que ingresan al sistema presentan problemas relacionados con consumo de alcohol y drogas y, una vez que regresan a sus entornos, vuelven a encontrarse con las mismas condiciones que incidieron en su acercamiento al delito.
Entre los hechos más frecuentes aparecen los delitos contra la propiedad, aunque también existen casos vinculados con delitos contra la integridad sexual.
Actualmente, Salta cuenta con centros y dispositivos en Capital, Orán, Tartagal, Metán y Cerrillos. El Instituto Especializado de Abordaje Territorial. Respecto de los adolescentes alojados actualmente en institutos de régimen cerrado, el funcionario aclaró que se trata de una cifra dinámica que cambia semanalmente y que no llega a 20 jóvenes en toda la provincia. Según el último relevamiento, hay dos en Castañares, ocho en Orán, cinco en Metán y tres en el Instituto Michel Torino de Cerrillos, mientras que en Tartagal actualmente no habría ninguno.
Salta ya firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación que contempla capacitaciones, una plataforma tecnológica y la incorporación de supervisores encargados de realizar el seguimiento de los adolescentes.
En paralelo, se realizaron reuniones entre la Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad para definir los protocolos que deberán aplicarse desde el 5 de septiembre.
Para la Provincia, el desafío no será solamente responder ante el delito cometido por adolescentes de menor edad, sino también fortalecer la prevención y la reinserción para evitar que esos jóvenes profundicen su vínculo con el sistema penal.
