Victoria López Núñez
La Justicia Federal formalizó la imputación de 15 personas en una causa que investiga una presunta estructura dedicada a falsificar certificados médicos, estudios e historias clínicas para tramitar pensiones no contributivas por discapacidad de manera irregular.
Entre los acusados figura el diputado provincial Gerardo Francisco Orellana, además de médicos, bioquímicos, exgerentes hospitalarios y empleados municipales. La investigación, encabezada por el fiscal general federal Carlos Martín Amad, apunta a determinar cómo funcionaba la estructura que generaba la documentación falsa.
Según la pesquisa, en el departamento Anta se detectaron alrededor de 9.000 pensiones bajo sospecha, con un perjuicio estimado para el Estado de $3.280 millones mensuales. También se investigan pagos a gestores para conseguir los beneficios, con montos que habrían oscilado entre $20.000 y $1 millón.
Amad explicó que el foco estuvo puesto en quienes presuntamente producían y facilitaban los certificados falsos. “Prefiero ir contra la fábrica de certificados y no contra las personas que adquirían los certificados. No me interesa investigar al perejil”, sostuvo.
La causa continuará ahora con nuevas medidas sobre los 15 imputados y con el análisis de miles de beneficios previsionales que permanecen bajo investigación.
