El Gobierno quedó expuesto en dos discusiones que cruzan la política exterior: la denuncia de Javier Milei sobre una supuesta “campaña anti-Argentina” financiada desde Brasil y la polémica por la extranjerización de tierras. Al responder sobre ambos conflictos, Pablo Quirno intentó ordenar el discurso oficial, aunque admitió que no hay pruebas para señalar a la gestión de Lula y generó polémica al calificar a la soberanía territorial como un concepto “anticuado”.
Quirno dio una entrevista televisiva a Infobae en vivo y no pudo sostener de manera directa la afirmación que Milei había realizado días antes, cuando aseguró que “el 25% de los recursos” de la supuesta campaña contra Argentina provenían del gobierno de Lula da Silva. Consultado sobre esa acusación, el canciller intentó matizar la postura oficial y admitió que no contaba con pruebas para responsabilizar al Ejecutivo brasileño.
Ante las repreguntas sobre el supuesto financiamiento, Quirno afirmó: “Estamos seguros de que la campaña antiargentina fue financiada desde Brasil, pero no estamos seguros si fue financiada por el Gobierno de Brasil”, aunque evitó responsabilizar directamente al Ejecutivo brasileño.
El canciller sostuvo que el 22% de los mensajes contra Argentina en redes sociales provenían de Brasil, seguido por México, y planteó que detrás de ese movimiento “hay dinero”. Según explicó, la monetización de publicaciones en plataformas digitales podría estar vinculada con algún tipo de financiamiento.
Sin embargo, ante las repreguntas sobre quién habría puesto esos recursos y si existía una relación directa con el gobierno brasileño, Quirno fue más cauteloso: “No tengo pruebas para incriminar a nadie”.
El canciller también quedó envuelto en otra controversia por sus declaraciones sobre el capítulo de extranjerización de tierras dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que finalmente tuvo que retirar esa parte del texto por falta de consensos en el Senado.
Según explicó durante una entrevista con Eduardo Feinmann, Quirno fue consultado sobre las críticas que advertían que la reforma podía poner en riesgo la soberanía nacional.
Ante esa pregunta, respondió: “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”.
El funcionario explicó que la postura del Gobierno está centrada en garantizar la propiedad privada y generar condiciones para atraer inversiones. “Todo lo que nosotros podamos hacer para dar seguridad jurídica a la propiedad privada, que atraiga inversiones que la Argentina necesita”, sostuvo.
Sobre si un extranjero podría comprar grandes extensiones de territorio y afectar intereses nacionales, Quirno respondió que esas inversiones generarían beneficios económicos para el país.
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