Ivana Chañi
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional, que comprende los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La emergencia había sido declarada originalmente en diciembre de 2023 y posteriormente extendida durante 2024 y 2025.
El Ejecutivo argumentó que, pese a las medidas adoptadas durante los últimos años, todavía persisten riesgos técnicos, económicos, operativos y financieros capaces de comprometer la continuidad y la calidad del servicio eléctrico.
Entre los problemas señalados aparecen el envejecimiento del parque generador, la falta de obras suficientes y los elevados niveles de utilización de las principales estaciones transformadoras.
Según el diagnóstico incluido en el decreto, durante 2025 el sistema alcanzó un máximo de demanda de 30.257 megavatios, con un margen disponible cercano al 4,4%, considerado insuficiente para responder con seguridad ante contingencias.
El Gobierno también señaló que las principales estaciones transformadoras operan con niveles de carga superiores al 90% y que más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.
La norma sostiene que todavía existe una brecha importante entre el precio que pagan los usuarios subsidiados y el costo real de abastecimiento.
En mayo de 2026, el precio estacional abonado por los hogares con subsidios representaba aproximadamente el 24% del precio de referencia de la energía.
Por ese motivo, el Gobierno anticipó que continuará avanzando con una reducción gradual y focalizada de los subsidios, junto con medidas destinadas a mejorar la recaudación y disminuir los aportes extraordinarios del Tesoro.
La prórroga también permitirá mantener mecanismos especiales para administrar el despacho de energía, garantizar combustibles para la generación térmica y sostener reservas ante picos de demanda o eventos climáticos extremos.
La medida entró en vigencia desde el momento de su dictado y deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
