“El celular puede ser una herramienta clave de defensa en un procedimiento policial”

En N&N, el coordinador del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pablo Del Pino, se refirió a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal y destacó la importancia de que la ciudadanía conozca sus derechos durante los procedimientos policiales.

Del Pino explicó que, si bien el nuevo código rige desde los primeros días de mayo, “algunos puntos siguen siendo esenciales y los mismos que el que nos regía previamente”, y remarcó que se trata de la normativa que regula la situación de cualquier persona cuando es imputada o vinculada a un hecho presuntamente delictivo.

En ese marco, señaló que el sistema actual contempla un mayor nivel de informalidad en los procedimientos y sostuvo que los ciudadanos deben conocer el uso de herramientas tecnológicas durante estos procesos.

“Tenemos que aprovechar que tenemos celular”, afirmó, al advertir que los dispositivos pueden ser utilizados para registrar actuaciones policiales, incluso mediante transmisiones en vivo a través de redes sociales como Instagram, ya que estos contenidos quedan almacenados en servidores.

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El especialista planteó que este tipo de registros puede ser relevante en caso de controversias posteriores sobre el procedimiento, especialmente cuando se discuten situaciones vinculadas a la detención o al secuestro del celular. “Después cuesta recuperarlo”, advirtió, en referencia a los dispositivos incautados durante intervenciones policiales.

Por otra parte, Del Pino hizo hincapié en los plazos de control judicial de las detenciones y recordó que deben ser revisadas por un juez dentro de las 24 horas, independientemente del día u horario en que ocurra la aprehensión. En ese sentido, cuestionó la práctica de detenciones realizadas los días viernes, que en ocasiones demoran la revisión judicial hasta el lunes.

“El control debe ser dentro de las 24 horas corridas desde la detención, no importa si es fin de semana”, sostuvo, y remarcó que es responsabilidad de la defensa no convalidar demoras que afecten las garantías del imputado.