Dos recientes medidas del gobierno libertario generaron el malestar de gobernadores, que demandaron el acompañamiento de legisladores nacionales para corregir sus efectos. También se esforzaron por alinear al oficialismo en sus respectivos Estados a fin de aprobar iniciativas para morigerar su impacto.
Salta se preparó para atravesar un primer semestre complicado desde el punto de vista financiero, según lo reconoció el ministro Roberto Dib Ashur. El funcionario señaló que se hicieron previsiones para afrontar la caída de ingresos. Con esos ahorros se tiene garantizado el pago de sueldos y el aguinaldo en la administración pública; además, se dispuso el acompañamiento financiero a los municipios, asegurándoles un piso de coparticipación municipal para que puedan cumplir sus obligaciones con sus respectivas comunidades.
La estimación sobre las dificultades se basó en la caída de la actividad económica, que redujo la recaudación de impuestos nacionales que se coparticipan -especialmente IVA y Ganancias- y la de Ingresos Brutos, principal fuente de ingresos fiscales de la Provincia. También desde 2024 es significativa la caída de las transferencias no automáticas, constituyendo un cuadro preocupante frente a gastos propios, que fueron incrementándose para cubrir el abandono de obligaciones por parte de la Nación.
Para tener una dimensión cierta de la afectación de las cuentas locales, debe considerarse que hay una planificación que le ha permitido a Salta mantener abierto su acceso al crédito, cumpliendo el pago de la deuda que se acumuló desde gestiones anteriores. Precisamente, a fin de este mes tiene el vencimiento de una cuota de 52 millones de dólares correspondiente al Fondo Bicentenario. Por ahora es el camino habilitado para avanzar en
proyectos impostergables que hacen a la calidad de servicios y obras de desarrollo. Se sigue gestionando financiamiento internacional y a ese fin, la próxima semana se recibirá la visita de una misión del Banco Interamericano de Desarrollo.
Estos movimientos no tapan urgencias, como las que en la última sesión del Senado de la Nación, justificaron el planteo de cuestiones de privilegio contra funcionarios nacionales. La inminencia de una crisis en el suministro de gas al norte del país llevaron a que la legisladora salteña Flavia Royón pidiera con urgencia que se revierta lo dispuesto por una resolución de la Secretaría de Energía, que ha generado una situación de incertidumbre en el sector industrial de provincias como Salta, Jujuy y Tucumán, que cerraron filas para asegurar provisión suficiente para sostener su actividad y a precios razonables, que no profundicen la asimetría con otras regiones del país. Por ejemplo, la industria de la caña puede resultar gravemente afectada y ello significará azúcar y bioetanol más caros. El recorte presupuestario que se dispuso mediante una Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete también transitó el camino del reclamo en el Parlamento.
Son señales que anticipan, al margen de lineamientos partidarios, que la política debe hacerse cargo de corregir errores en la administración del Estado, incluso discutir su dimensión preservando el interés público sobre otras consideraciones sectoriales.
Salta, 15 de mayo de 2026
