La disposición ratificó que es excluyente el objetivo de lograr cuentas equilibradas y cumplir con las metas fiscales acordadas con el FMI.
El nuevo ajuste presupuestario alcanza a 2 billones 500 mil millones de pesos, de los cuales casi un billón impactan en transferencias y obras en las provincias. Puntualmente para Salta, los recortes superan los 3 mil millones en materia de servicios y obras pero sin considerar las restricciones generales que también la afectan.
Es que el grueso del ajuste se aplicó sobre obligaciones a cargo del tesoro, según su identificación contable y sobre partidas del Ministerio del Interior. No es casual que se trate de dos canales que concentran los recursos que la Nación destina a las administraciones provinciales para cubrir gastos corrientes y a financiar programas de desarrollo regional.
También deben considerarse los recortes de las partidas que involucran la inversión en obra pública en el interior del país. Solo para marcar un caso de profunda significación se debe mencionar la discontinuidad del programa "Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento", a través del cual se canalizan recursos hacia proyectos hídricos provinciales. En Salta se refleja en la paralización de la construcción de la planta depuradora de Cafayate y de los trabajos de ampliación de la que atiende el saneamiento en la Capital y se proyecta expandir a toda el área metropolitana.
Esta readecuación presupuestaria oficializada por el Ejecutivo nacional significa uno de los recortes más fuertes aplicados sobre las cuentas provinciales. Configura un escenario complejo para los gobernadores, que ya vienen afrontando con recursos propios no solo sus propios gastos sino la continuidad de proyectos de infraestructura que son estratégicos para su desarrollo.
El propio Ministro de Economía salteño trazó el panorama de la situación local. Desde que La Libertad Avanza asumió la administración nacional, giró a la Provincia casi un billón de pesos menos, sin contar la menor inversión en obra pública, suspensión del incentivo docente, eliminación de subsidios y otros programas de carácter social. Sólo en los primeros 4 meses del año, percibió 47 mil millones de pesos menos en comparación con 2025.
Ello llevó a que el gobierno de Gustavo Sáenz revise su estrategia, sin sacrificar los objetivos de equilibrio fiscal y el funcionamiento de los servicios esenciales. Roberto Dib Ashur dio cuenta del propósito de mantener cercanía con escuelas, hospitales y municipios para afrontar el impacto de la crisis económica nacional. Sí reconoció que habrá menos inversión en rutas, hospitales y en el sistema público en general.
Al margen de los datos precisos del ajuste en las cuentas públicas , también se configura una realidad social no menos preocupante. Las expectativas de crecimiento también se recortan, no hay inversiones ni consumo y el resultado profundiza la crisis que, supuestamente, las políticas libertarias tratan de resolver.
Cierran empresas y crece la desocupación. Sin consumo, cae la recaudación y un Estado sin recursos pierde la capacidad de asistencia, especialmente a los sectores más vulnerables. Y también se resienten los servicios y se postergan las obras esenciales.
Es el germen de la conflictividad social que se manifiesta cada vez con mayor claridad. Esa historia ya se escribió y desde el propio poder se está visualizando un nuevo capítulo.
El gobierno provincial aseguró la continuidad del pago en tiempo y forma de las obligaciones salariales. Apenas una ayuda pero impide que se aceleren los tiempos del estallido.
Salta, 12 de mayo de 2026
