Por Aries, el abogado laboralista Neil Buhler cuestionó con dureza la idea de que en la Argentina exista una “industria del juicio” y aseguró que se trata de una construcción ideológica que “no tiene nada de verdad”.
“Hace muchos años existe una corriente que se ha encargado de instalar en la mente de los argentinos que la industria del juicio es una verdad absoluta. Pero no lo es”, afirmó.
Según argumentó, para que existiera una supuesta maniobra sistemática debería haber complicidad judicial. “No hay 500 jueces laborales en todo el país imputados o procesados. Para que haya una industria de este tipo tendría que haber complicidad de los jueces, y eso no ocurre”, sostuvo.
Buhler remarcó que los magistrados laborales fueron designados por gobiernos de distinto signo político y en distintas épocas, tanto en el ámbito nacional como provincial. “No hay un complot de jueces”, insistió.
No obstante, señaló que en la Ciudad de Buenos Aires “prácticamente se está haciendo desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo”, al tiempo que advirtió que detrás de esa decisión habría diferencias de criterio en materia de fallos laborales.
En relación con la supuesta “alta litigiosidad”, el abogado explicó que el incremento informado —del 75% entre 2024 y 2025— corresponde mayormente a demandas vinculadas a las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
“En Capital Federal casi el 60% de los juicios que se inician son por accidentes de trabajo. El resto de los juicios no ha aumentado”, afirmó.
En el caso de Salta, sostuvo que desde hace más de diez años la cantidad de expedientes laborales se mantiene en niveles similares. “No hay una gran litigiosidad, particularmente en Salta”, aseguró.
Buhler también puso en duda los argumentos sobre indemnizaciones “millonarias” por aplicación de tasas de interés. Señaló que esa situación no se replica en todas las jurisdicciones.
Como ejemplo, mencionó un juicio ganado en diciembre pasado por un millón de pesos correspondiente a 2019. “La liquidación actual va a condenar a pagar 8 millones y medio. Pero si uno aplica el índice de costo de vida, debería dar alrededor de 30 millones”, explicó.
Para el letrado, ese contraste demuestra que no existe un sistema descontrolado de indemnizaciones sino que, en muchos casos, los montos apenas acompañan la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación.
