Postergan por tres meses la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Salta

A través del Decreto Nº 34, publicado en la edición del Boletín Oficial del viernes 30 de enero, el Gobierno de la Provincia de Salta resolvió prorrogar por tres meses la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, aprobado por la Ley Nº 8520.

La decisión se fundamenta en lo establecido por el artículo 460 del Código, que faculta al Poder Ejecutivo a postergar su aplicación cuando existan circunstancias especiales o dificultades de implementación debidamente fundadas. Según lo dispuesto originalmente, el nuevo sistema debía comenzar a regir en el Distrito Centro a partir del primer día hábil de febrero de 2026.

Entre los argumentos considerados, la Defensoría General del Ministerio Público de Salta solicitó formalmente la prórroga al advertir que aún no se completó la adecuación de su estructura interna, situación que podría afectar la garantía de una defensa efectiva bajo el nuevo modelo procesal.

Convocan a extraordinarias en Salta: buscarán aprobar el DNU de test toxicológicos a funcionarios

En el mismo sentido, la Procuración General de la Provincia señaló que la implementación del sistema acusatorio adversarial no se limita a la vigencia formal de una norma, sino que requiere condiciones operativas, organizacionales y tecnológicas que aseguren su correcto funcionamiento desde el inicio. Si bien se avanzó en transformaciones estructurales dentro del Ministerio Público Fiscal, se indicó que el sistema aún se encuentra en una etapa de ajuste y prueba.

Ante este escenario, el Ejecutivo consideró que los fundamentos presentados resultan suficientes para otorgar una prórroga de noventa días, con el objetivo de garantizar una implementación adecuada del nuevo Código Procesal Penal y evitar inconvenientes en el funcionamiento del sistema judicial.

El decreto establece que la prórroga comenzará a regir a partir del primer día hábil del mes de febrero y lleva la firma del gobernador Gustavo Sáenz. La norma fue refrendada por el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, y por la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo.