El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que incumplieron el Calendario Nacional de Vacunación de sus hijos.
Judiciales12/12/2025
El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, en un contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.
La cartera sanitaria provincial formalizó esta decisión en respuesta a la baja sostenida de las tasas de inmunización y el incremento de contagios, principalmente entre niños pequeños.
La provincia se convirtió en la primera de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, lo que marca un precedente a nivel nacional. Como detalló Infobae, esta iniciativa había fue reglamentada en agosto, y estableció el procedimiento y las sanciones para quienes incumplen con la vacunación obligatoria.
Las personas que recibieron la denuncia deben asistir a una audiencia en la que el equipo sanitario informa a los padres acerca de los serios riesgos que, para la salud pública, representa mantener la falta de vacunación. Se les dará un plazo de 30 días para cumplir con la aplicación de las dosis.
Las denuncias, que ya se encuentran en la Justicia Civil, apuntan a padres responsables de niños y adolescentes que no han recibido las vacunas obligatorias. La medida se fundamenta en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y confirma que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.
El ministro de Salud mendocino, Rodolfo Montero, confirmó en rueda de prensa que se había realizado “las diez primeras denuncias judiciales contra padres por no haber cumplido con la vacunación de sus hijos”.
El funcionario afirmó que estas medidas buscan proteger el derecho a la salud de los menores en un escenario nacional donde ya se registraron muertes infantiles por tos convulsa y rebrotes de enfermedades como el sarampión, que se consideraba eliminada en el país desde 2016.
Como publicó Infobae, la legislación vigente en Mendoza, reglamentada desde agosto de 2025 por la Resolución 2572, prevé que las familias notificadas cuentan con un plazo de treinta días para regularizar la vacunación.
Si no lo hacen, las autoridades deben informar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y presentar la denuncia que es tratada por la Justicia Civil, donde los padres o tutores son convocados a una audiencia obligatoria. Allí, personal sanitario advierte sobre los graves riesgos para la salud pública vinculados al incumplimiento.
Las sanciones establecidas por la normativa incluyen multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, además de la posibilidad de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de Mendoza.
Estas penalidades se aplican si los padres, tutores o cuidadores no cumplen con el calendario oficial de vacunación, y pueden duplicarse o triplicarse en caso de reincidencia o si otros responsables, como instituciones educativas o funcionarios públicos, omiten la denuncia.
La resolución provincial ratifica que el interés superior de la salud pública prevalece sobre la decisión individual y garantiza la protección de los derechos de los menores a una vida sana. Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, sostuvo: “El objetivo es claro: que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”.
Además, Aguilar detalló: “El mayor déficit está en las vacunas que se aplican a los quince meses, debido a la disminución en controles de niños sanos, que se realizan de manera más espaciada”.
La cobertura de vacunación escolar en Mendoza supera el 80%, “un porcentaje aceptable pero que debería superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades que gracias a las vacunas se encuentran eliminadas o bajo control”.
Desde agosto de 2025, el protocolo para la denuncia formal quedó reglamentado. Al confirmarse el incumplimiento, el caso se deriva a la Justicia, donde se convoca a los adultos responsables para determinar los pasos a seguir y aplicar las sanciones correspondientes. Aguilar explicó que este procedimiento otorga a las familias un margen para regularizar la situación y que muchas prefieren acudir a un centro médico de confianza o al sector privado, buscando organizar y garantizar el acceso.
La funcionaria advirtió que desde la publicación de la resolución han recibido amenazas en redes sociales y por correo electrónico, principalmente de grupos antivacunas. Sin embargo, ratificó: “Está claro que las vacunas salvan vidas y por más que nos amenacen o que generen este tipo de acciones en redes sociales, nuestra misión es proteger a la población”.
El descenso en las tasas de vacunación preocupa especialmente en la adolescencia, donde la cobertura ronda el 75%. En el caso de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), incorporada al calendario a los once años, la cobertura alcanza el 66,98% con la primera dosis entre las niñas y el 60,92% en varones, pero desciende a 34,62% y 27,82% para la segunda dosis respectivamente.
La prioridad de las autoridades es reforzar la responsabilidad colectiva ante las enfermedades prevenibles y mantener la vacunación fuera de debates ideológicos. “Las vacunas del calendario deben aplicarse más allá de la voluntad de los padres y es responsabilidad del Estado que se cumplan,” sostiene la nueva resolución. El Ministerio de Salud de Mendoza instó a la población a confiar únicamente en información respaldada y advirtió sobre el peligro de los “pseudo relatos científicos” o informaciones falsas: “No hay evidencia de que las vacunas no funcionen. Las vacunas salvan vidas. No las cuestionemos. Es importante que tengamos nuestro carnet al día”, concluyó el comunicado oficial.
Con información de Infobae
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