La Cámara de Diputados inauguró el proceso esta semana, dando media sanción a la prórroga de la declaración de estado de emergencia sociosanitaria en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia, que está vigente desde 2020 y se amplía anualmente. En un lustro no se ha logrado resolver una situación que alcanzó su peor momento cuando, apenas asumido, el gobernador Gustavo Sáenz tuvo que enfrentar la muerte de niños originarios.
La medida era imprescindible para poner en marcha acciones y recursos especiales para garantizar el acceso básico de alimentación y atención médica a franjas poblacionales que siguen padeciendo carencias que arrastran desde siempre, sin posibilidades de resolver autónomamente sus problemas básicos. La insistencia en extender el estado de excepción no se explica lo suficiente en el debate legislativo, durante el que el oficialismo se empeña en mostrar los logros alcanzados sorteando la normativa que es exigible cumplir en otros ámbitos geográficos.
En principio, que se haya logrado reducir los índices de mortalidad infantil y materna en el norte salteño como indican los datos expuestos por los legisladores saencistas, significa que la urgencia que motivó la emergencia ha sido superada y se debiera salir de ella, permitiendo mayor control sobre las decisiones que se adoptan. Sin embargo, no hay respuestas a los señalamientos por la opacidad que genera la excepcionalidad o por la real eficacia de las políticas que se despliegan.
Otra dos emergencias seguramente seguirán el camino de la extensión porque no se observan cambios sustanciales respecto de la situación que las ha motivado o las sostienen. Ya se ha insinuado en la última sesión de la Cámara baja que es probable que deba ampliarse la emergencia hídrica, declarada en diciembre de 2022 para resolver la crisis generada por la carencia de un recurso imprescindible para la vida humana, no sólo provocada por cuestiones climáticas.
Alcanza a todo el territorio de la provincia y al momento de su sanción puso en marcha un Comité de Crisis. Entre sus previsiones se incluyó la promoción de la utilización racional del agua. Como en todos los casos de excepcionalidad le facilita al Poder Ejecutivo Provincial disponer la afectación, incorporación y reestructuración de las partidas presupuestarias para garantizar los fondos necesarios para llevar adelante cualquier medida que apunte a resolver el problema.
No hay una rendición de cuentas pública y ordenada ya que el tratamiento de dos leyes posteriores que prorrogaron la emergencia no produjeron debates esclarecedores, más allá de marcar la necesidad de mantenerla.
La emergencia económica es otro clásico de esta época. En el último año se acompañó su tratamiento con el del presupuesto provincial. Fue en diciembre de 1990 cuando se declaró por la ley 6583 de Reforma Administrativa del Estado y se insistió a través de la ley 7125, de adhesión la emergencia nacional. Desde entonces, con escasos cambios en sus disposiciones, se va extendiendo en el tiempo sin que se tenga en claro cuáles son las razones por las que se la necesita, a riesgo que su supresión provoque severos problemas en la administración del Estado.
Se ha insistido en restricciones respecto de la ampliación de la planta de personal, limitación que se suele zanjar mediante una planta política numerosa y con altos ingresos.
Sí suele causar inconvenientes a quienes litigan contra el Estado. Especialmente esta emergencia demora la resolución de juicios vinculados a expropiaciones, las que se han reducido de manera significativa por disposición del Ejecutivo.
Es cierto que las crisis que provocan la declaración de emergencia nunca se observan resueltas. De todas maneras, deberían extremarse los esfuerzos para que, efectivamente, sean situaciones acotadas en el tiempo a través de políticas eficaces.
Salta, 13 de noviembre de 2025
