Reforma

Solo para mencionar algunos de los aspectos que contextualizan el pronunciamiento ciudadano a través de las urnas, cabe mencionar el creciente desinterés que se expresa frente a cada proceso electoral y se manifiesta en el incumplimiento de una obligación cívica. La decadencia del sistema de partidos políticos es otra arista que cabe destacar, que está facilitando la cobertura de cargos electivos con personas que se ufanan de no pertenecer a la actividad política y tomando distancia de las críticas que se vuelcan sobre funcionarios de los distintos poderes.

De allí que durante las campañas electorales o apenas transcurridos los comicios se plantean iniciativas para promover o recuperar el apego social a la política. La reforma parcial de la Constitución suele aparecer como un elemento de atracción. Ocurrió en Salta luego de los comicios de mayo a través de una propuesta para eliminar las elecciones de medio tiempo y se repitió en la última sesión del Senado cuando tomó estado parlamentario un proyecto para eliminar los fueros legislativos y ejecutivos.

A juicio del autor de la iniciativa, la sociedad está reclamando transparencia y funcionarios sin privilegios. El senador por Chicoana, Esteban D’Andrea, aclaró que su propuesta no apunta a eliminar la inmunidad parlamentaria en el ejercicio de la función legislativa sino a evitar que haya funcionarios y representantes “que se protejan detrás de los fueros”.

La Constitución de la Provincia sostiene a través del Artículo 13 el Principio de Igualdad, por el cual se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En ese orden es categórica al determinar que “no se admiten fueros personales”, por lo que se suprimen todos los títulos y tratamientos honoríficos o de excepción para los cuerpos, magistrados y funcionarios de la Provincia, cualquiera sea su investidura. 

Sin embargo, al igual que para la Nación Argentina, hay una prerrogativa constitucional que otorga inmunidad procesal a ciertos servidores públicos, como legisladores o algunos funcionarios del Ejecutivo, para impedir que sean procesados penalmente por sus opiniones sin un procedimiento especial previo. Los fueros tienen el objetivo de proteger la autonomía de los poderes y evitar que se entorpezca su labor mediante acusaciones infundadas.

No siempre funcionan así y de allí que esta iniciativa del senador D’Andrea apunta a modificar los artículos 99 y 143 de la Carta Magna, que actualmente garantizan inmunidad de arresto para senadores, diputados, el gobernador y el vicegobernador. Hay suficientes antecedentes para considerar razonable esta propuesta, que tiene como antecedente una reciente consulta popular al respecto, llevada adelante en Chubut, donde un 63% de la población consideró necesaria una limitación de esa naturaleza.

De todas maneras, varios siglos y distintas sociedades sostienen la validez de la prerrogativa. Los debates en torno de ella tienen otra naturaleza, como el que en algunas circunstancias se actualiza en la Argentina respecto de si es posible que un portador de esos fueros puede despojarse de los mismos por propia iniciativa.

En principio se reconoce que son una garantía institucional y no un privilegio personal. Ese principio doctrinario debe considerarse en el debate que el proyecto va a suscitar. Si un cuerpo legislativo tiene la facultad de despojar a uno de sus miembros de sus fueros a pedido de un juez,  puede actuar con diligencia y honestidad intelectual para evitar su mal uso.

Avanzar en una reforma constitucional no solo implica gastos para asegurar la participación ciudadana. Especialmente puede tentar a modificaciones que hagan de la Constitución un traje a medida.

Salta, 12 de noviembre de 2025