El afán desregulador del gobierno de La Libertad Avanza resulta acotado con el Decreto 787, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Nación. La norma deroga el decreto 2417, que data de 1993, que obligaba a los colegios privados sin subsidio estatal a fijar aumentos anuales anticipados. El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión que involucra a una franja de aproximadamente el 6% del sistema educativo argentino, en cuanto al esquema de actualización de sus cuotas.
El decreto derogado, en realidad, solo apunta a una medida que encajaba en otras dispuestas en la década del 90, cuando se transfirió la educación secundaria a las provincias, Por entonces, el Ejecutivo nacional había establecido un sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, con el fin de garantizar la calidad educativa y el acceso a la enseñanza. Ello llevó a introducir regulaciones específicas para el manejo de aranceles y la comunicación con los padres o responsables de los alumnos.
A esas cuestiones se refiere la norma publicada hoy, advirtiendo en la parte resolutiva que se debe imponer otro marco normativo para facilitar la adaptación de los establecimientos de enseñanza de ese sector a las realidades educativas y económicas del país. En sus considerandos indica que la intervención del Estado en ese sentido “aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.
En los fundamentos también explica que “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”. Además, la obligación que estaba vigente de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, creaba una situación de incertidumbre económica para los institutos, que fijaban cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no podrían cubrirse sin aprobación estatal.
Efectivamente, todas esas situaciones fueron advertidas por los prestadores de un servicio que es de gran importancia, especialmente en lugares donde la demanda de matrícula es elevada o la exigencia de una educación con particularidades puede ser sostenida por las familias. De allí que la sobrevivencia del sector se está logrando en Salta con una asistencia sectorizada por parte del gobierno y por la creatividad de las empresas.
Es lo que el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privados, Pablo Pereyra, ha puesto de relieve a propósito de la decisión desregulatoria del gobierno libertario. En declaraciones públicas aseguró que «en Salta cada colegio tiene la libertad de establecer la cuota que quiera».
Como muchos otros sectores económicos, este rubro de servicios también vino padeciendo las consecuencias de políticas económicas negativas. La demanda se ajusta a la situación de cada familia que corrige sus consumos en función de ingresos fluctuantes e inciertos en no pocos períodos. La mayor incidencia en los costos operativos del sector la tienen los salarios docentes, que ya se ajustaron para este año, pero también son importantes el incremento de los servicios públicos, como energía eléctrica y agua y el de los alquileres ya que una parte significativa de los colegios privados no tiene edificio propio.
La situación actual es difícil pero se proyecta con cierto optimismo por la previsibilidad que genera el control de la inflación. La derogación de un decreto ya estaba impuesta fácticamente, por la necesidad de salvar un servicio necesario.
Salta, 11 de noviembre de 2025
