Un clásico de fin de año son las rondas paritarias de revisión salarial con la dirigencia sindical del sector público y las reuniones con el Foro de Intendentes, con el que se ha impuesto el mecanismo de definir anticipos de coparticipación para cumplir con el pago de aguinaldo en un creciente número de municipios. El equilibrio de las cuentas provinciales todavía permite estas negociaciones, pese a las particularidades del fin de un año difícil por su carácter electoral.
El penúltimo mes de 2025 encuentra a la Provincia en la tarea de debatir su presupuesto para 2026, mientras el Gobernador está ocupado en las gestiones vinculadas al primer presupuesto nacional de la administración libertaria. Es un debate difícil porque se trata de una iniciativa que tiene como condición innegociable el superávit fiscal.
El proyecto ingresó al Congreso el 15 de setiembre pasado y comenzó a discutirse en comisiones casi treinta días después, habiéndose fijado un cronograma en la Cámara de origen para que 4 de noviembre tenga dictamen que habilite su tratamiento en el recinto. Se alcanzó ese objetivo y si bien el del oficialismo se quedó con el de la mayoría, fue por una diferencia insignificante respecto del que presenta un cuadro de gastos y recursos alternativo. Ello llevó a que se fortalezca el papel que jugarán los diputados que llegaron a sus bancas a través de frentes de carácter provincial. Es el caso de los tres salteños que integran el bloque de Innovación Federal y responden al gobernador Gustavo Sáenz, que también logró un senador en octubre pasado. En consecuencia, la posición negociadora del mandatario ha mejorado y sirve frente a un gobierno que considera que cualquier exigencia por fondos es una extorsión y no una legítima demanda de estados que precedieron a la Nación.
Es probable que en esta semana el salteño sea convocado a una reunión con flamantes funcionarios nacionales, como el Jefe de Gabinete Manuel Adornis y el ministro del Interior Diego Santilli, en el marco de una ronda que se inició la semana pasada. Quienes ya han concurrido confirmaron que no habrá para obra pública más recursos que los previstos en el proyecto de presupuesto en tratamiento y que los gobernadores consideran insuficientes. La cartera de Economía ha comunicado que sólo accederá a negociar autorizaciones de empréstitos para tomar fondos externos, como ya lo hizo Salta, que en cumplimiento del acuerdo con FONPLATA convino con Nación financiar la pavimentación de la Ruta 51.
El gobernador Sáenz sabe que hay una férrea resistencia a mejorar esas partidas y de allí que tratará que la Provincia tenga una mejor participación en el reparto de Aportes del Tesoro Nacional, que está planteado como una facultad discrecional del presidente Javier Milei; pero también sabe que sobre el Gobierno nacional pesa la necesidad de construir consenso político para avanzar en un paquete de reformas que le permitan lograr los cambios propuestos por La Libertad Avanza.
En tanto, la crisis social que genera el ajuste en ejecución desde diciembre de 2023 está rozando límites de tolerancia. El sector gremial observa con preocupación la reforma laboral en ciernes y se profundiza en la vinculada al sector público, que en Salta ha solicitado una revisión de los aumentos aplicados a fin de recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante el año.
En síntesis, se acerca el tiempo en que la conflictividad social suele hacer eclosión si las demandas no se atienden o se dan soluciones insuficientes a los reclamos. No se observa que ningún sector tenga mayor capacidad de convencer y el que avance será por imposición.
Salta, 10 de noviembre de 2025
