Agustina Tolaba
El juicio contra el ex cajero de la Caja de Abogados de Salta concluyó con una condena de tres años de prisión condicional, una decisión que generó fuertes críticas por parte del apoderado de la institución, el Dr. Juan Casabella Dávalos, quien calificó el fallo como “indulgente” y adelantó que será apelado.
“El imputado fue condenado, pero lo mandaron a la casa. Nosotros habíamos pedido cinco años de prisión efectiva, y la fiscalía cuatro. Sin embargo, los jueces decidieron una pena en ejecución condicional”, explicó por Aries Casabella Dávalos.
Según el abogado, durante el juicio se comprobó que el acusado defraudó a la Caja durante más de diez años, utilizando tres mecanismos distintos: anulaciones de recibos, sustracción de cuotas de planes de pago y manipulación del sistema contable. “Fue un esquema de estafa sostenido en el tiempo, con graves falencias de control interno”, afirmó.
El representante legal de la Caja remarcó que incluso la defensa del imputado pidió que se redujera la condena alegando ‘culpa concurrente’ de las autoridades, por no haber detectado las irregularidades. “Es insólito —dijo—, porque durante más de una década nadie revisó las cajas diarias, ni el área contable ni la gerencia detectaron los desvíos”.
Casabella Dávalos también apuntó contra la fiscalía por no haber investigado posibles complicidades internas y anticipó que podría presentar una denuncia contra la fiscal Salinas Odorisio. “La fiscalía fue complaciente, incluso llegó a pedirle disculpas al imputado. No quiso avanzar sobre las comunicaciones con empleados ni con la empresa que manejaba el sistema contable”, sostuvo.
El perjuicio total estimado asciende a unos 15 millones de pesos en valores históricos, lo que equivale a unos 400 mil dólares actuales, señaló el abogado. “Estamos hablando de fondos públicos administrados privadamente. Este tipo de hechos no pueden quedar invisibilizados”, enfatizó.
Finalmente, Casabella Dávalos confirmó que esperarán los fundamentos del fallo —que deben conocerse en los próximos siete días— para apelar la sentencia. “Coincidimos con la fiscalía en que correspondía una condena efectiva. No podemos aceptar que un fraude de diez años termine sin cárcel”, concluyó.
