
Hay un retroceso en los niveles de confianza hacia el presidente y una creciente percepción de “doble vara” en su "discurso anticasta". Cómo impacta en la percepción que tiene la población sobre el gobierno.
El tribunal ratificó la acusación contra el ex presidente por la violencia sobre su ex pareja, pero entendió que Ercolini no podía seguir al frente del expediente.
Política06/10/2025La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes el procesamiento del ex presidente de la Nación Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez y apartó al magistrado que tiene el caso, Julián Ercolini.
Fuentes judiciales informaron que la Sala II de Casación aceptó el pedido que la semana pasada hizo la defensa del ex mandatario cuando planteó que Fernández y Ercolini habían sido amigos y ahora enemigos. "Ello se impone con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes", señalaron los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci en su resolución.
Pero los magistrados validaron todo lo que hizo Ercolini en la causa, por lo que sigue vigente el procesamiento de Fernández. A Ercolini solo le restaba resolver el envío a juicio oral del ex presidente, lo que ahora hará otro magistrado.
Fernández busca apartar a Ercolini de la causa desde que se inició en agosto del año pasado cuando en el expediente por corrupción sobre los seguros en su gobierno se encontraron mensajes de whatsapp en los que Yañez le contaba a María Cantero, secretaria privada de Fernández, que le pegaba.
El ex presidente sostuvo que con Ercolini fueron amigos en la facultad donde daban clase de derechos, que cuando era jefe de Gabinete hizo gestiones para que sea designado juez federal y que después se enemistaron porque, según su versión, se enojó con fallos que dictó. También alegó que cuando era Presidente lo denunció, junto a otros jueces y fiscales, por el viaje a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido.
Todos los planteos fueron rechazados y la defensa de Fernández llegó a Casación donde la semana pasada hubo una audiencia oral. Allí estuvo Fernández: "Llegó aquí tratando de buscar justicia. He sufrido una serie de acciones judiciales, mediáticas y políticas para cancelarme social y políticamente. Y el principal responsable es Ercolini", dijo en la audiencia en la que sus abogados, Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi, pidieron el apartamiento.
La Cámara de Casación aceptó el planteo. Los jueces señalaron que en la audiencia la defensa llevó “cuestiones bajo una nueva perspectiva” y que el ex presidente “expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto.
Para los jueces de Casación eso da “sustento suficiente al planteo defensista en resguardo de la garantía de imparcialidad, conforme lo establecido por la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos” y apartaron a Ercolini de la causa. “Ello se impone con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”, explicaron los camaristas.
Ahora se deberá sortear un nuevo juez para la causa. Pero el apartamiento de Ercolini, quien procesó a Fernández y tomó medidas de prueba en la causa como el secuestro de su celular, no anula ninguna de esas decisiones.
Los jueces de Casación señalaron que la medida es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. Así, nada se modifica en la causa, más allá que la defensa de Alberto Fernández pueda hacer algún tipo de planteo que objete la actuación del juez.
A la causa solo le restaba la decisión de que Fernández sea enviado a juicio oral. El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación y pidió que el caso pase a etapa. La defensa se opuso e hizo una serie de planteos que habían sido rechazados por Ercolini y que ahora están en trámite en la Cámara Federal.
Alberto Fernández está procesado por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, en los dos casos, por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena es de 18 años de prisión.
Clarín
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