El Gobierno le puso fecha a la privatización de AySA

Así, se transferirá el 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado al sector privado.

Para este proceso, de acuerdo con la resolución, se estableció un plazo de ocho meses. 

Según aclararon, la medida no afectará la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.

La privatización había sido anunciada el pasado 23 de julio, tras modificar la normativa de la empresa, cuando se estableció la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social. 

De acuerdo con el texto oficial del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria del sector público para la tasación del paquete accionario de AySA.

La venta debe concretarse dentro del plazo de ocho meses desde la publicación del documento y, en este período, deberán adoptarse las "medidas y acciones necesarias" para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado nacional en la empresa.

"Es requisito contar con la tasación realizada por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y, en caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, se autoriza a efectuar las contrataciones respectivas con organismos internacionales o entidades o personas privadas nacionales o extranjeras", precisa el documento. "Las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección, revistiendo la tasación en todos los casos, el carácter de presupuesto oficial", agregaron en la resolución.

 En la misma línea, el Tribunal de Tasaciones se declaró "imposibilitado" de realizar una valuación total de la empresa en un plazo "razonable".

Según lo informado cuando anunciaron la privatización, el Estado nacional, que posee el 90% de las acciones, venderá al menos el 51% a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional. El resto, el 39% en su poder, será colocado en bolsas y mercados locales. Otro 10% permanecerá en manos de los trabajadores, tal como ocurre actualmente.

"Todo este proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los estándares más altos nacionales e internacionales para garantizar la transferencia", había precisado el vocero presidencial Manuel Adorni. Además, señaló que el objetivo es modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio.

Cronista