Ivana Chañi
En Aries, el juez de Garantías II del distrito judicial Orán, Ramiro Morizzio, brindó detalles sobre el estado de la causa judicial por la pérdida de hidrocarburos en el pozo Olmedo-, ubicado en Pichanal. La investigación comenzó en septiembre de 2023, cuando “una de las familias que habita la zona, la familia Corbalán, inició la denuncia tras detectarse una fuga de gas”, relató el magistrado.
Tras la denuncia, la Secretaría de Energía de la Provincia ordenó a la empresa President Petroleum, concesionaria de la explotación, que realizara diversos análisis y presentara un plan para abandonar el pozo, lo que implica su sellado técnico. “Desde septiembre a la fecha nunca se hizo ese trabajo. Solo figuran pedidos de plan de abandono, pero nunca se presentó ni se trabajó al respecto”, señaló Morizzio.
La situación se agravó recientemente cuando “el pozo, que estuvo en silencio hasta marzo, comenzó a liberar agua, por lo que se realizan estudios para determinar si existe contaminación”, explicó el juez. El 27 de mayo pasado, en una audiencia multipropósito, se dispusieron medidas urgentes para establecer perímetros de seguridad en la zona.
En la última audiencia, realizada en Orán, participaron numerosos actores, incluida la fiscalía civil, que solicitó la nómina de los directorios de President Petroleum e YPF. “Ayer se les otorgó un plazo de una semana más para que cumplan con las medidas pendientes”, informó Morizzio.
El magistrado aclaró que, por el momento, el proceso no apunta a definir responsabilidades penales sino a garantizar la seguridad. “Se busca dar seguridad en el lugar mientras se siguen los estudios y se avanza en el cumplimiento de las medidas ordenadas”, completó.
