Victoria López Núñez
La decisión de la Corte de Justicia de Salta de respaldar la reforma electoral impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz generó nuevas repercusiones. En diálogo con Aries, el abogado constitucionalista Sebastián Astigueta sostuvo que el fallo era previsible, aunque cuestionó la calidad institucional del sistema aprobado y advirtió sobre sus consecuencias para las elecciones de 2027.
El máximo tribunal provincial rechazó los cuestionamientos presentados por Carlos Zapata, de La Libertad Avanza; Claudio Del Plá, del Partido Obrero; y Alejandro Patrón Costas, del Partido de la Reconquista. Las tres presentaciones objetaban el mecanismo de acumulación de votos entre candidatos de una misma fuerza política.
Astigueta explicó que existen antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reconocen la facultad de las provincias para establecer sus propios regímenes electorales. Sin embargo, aclaró que esa posibilidad no implica necesariamente que el sistema resulte conveniente.
“Es constitucional el sistema de lemas, pero es de baja calidad institucional”, señaló al referirse a los antecedentes judiciales nacionales.
“Salta volvió a la ley de lemas bajo otro nombre”
El constitucionalista consideró que la reforma representa un retroceso para la provincia, especialmente porque recupera mecanismos de acumulación de sufragios que ya habían sido eliminados.
“Salta, que había sacado la ley de lemas, volvió con esta bajo otro ropaje, bajo otro nombre”, cuestionó.
Según explicó, el principal problema aparece cuando los votos obtenidos por distintos candidatos de una misma agrupación se suman y permiten que resulte ganador un postulante que individualmente recibió menos sufragios que otro.
En ese sentido, advirtió que el mecanismo puede afectar la autenticidad de la representación electoral, ya que el ciudadano podría no conocer con claridad cómo terminará computándose su voto.
Astigueta también cuestionó la actuación de la Corte provincial, a la que calificó como formalista y poco dispuesta a profundizar en las discusiones políticas de fondo.
A su entender, el tribunal se limitó a seguir los antecedentes nacionales sobre la constitucionalidad de estos sistemas, sin abordar suficientemente los cuestionamientos vinculados con su calidad institucional.
La reelección de Sáenz y las reglas para 2027
Durante la entrevista, Astigueta también vinculó la discusión electoral con la posibilidad de que Gustavo Sáenz vuelva a presentarse como candidato a gobernador.
El abogado sostuvo que el denominado fallo Marino ya estableció una interpretación sobre la aplicación temporal de los límites a la reelección introducidos por la reforma constitucional.
“Ya está ese fallo, con eso alcanza”, afirmó, al considerar que existe un antecedente judicial que podría ser utilizado para habilitar una nueva candidatura del mandatario.
El constitucionalista recordó que Sáenz había impulsado la reforma bajo el argumento de que ocho años eran suficientes para ejercer la Gobernación, pero cuestionó que la interpretación posterior de las disposiciones permita contemplar una permanencia de hasta doce años.
“Tratamos de poner reglas de juego claras”, expresó, al advertir sobre la incertidumbre que generan las diferentes interpretaciones judiciales de las normas constitucionales.
Críticas al funcionamiento institucional
Astigueta extendió sus cuestionamientos a la duración de los mandatos de los jueces de la Corte y al funcionamiento de otros organismos provinciales.
Señaló que, mientras la Constitución establece determinados límites, distintas interpretaciones permiten situaciones que, a su entender, terminan desvirtuando el sentido de las reformas.
Finalmente, consideró que la discusión excede la legalidad de una determinada norma y plantea interrogantes sobre la calidad de la democracia y el proyecto político de Salta.
“¿Qué proyecto político tiene la provincia? ¿Qué va a pasar el año que viene cuando ya arrancamos de esta forma?”, planteó.
Para Astigueta, el principal desafío de cara a 2027 es garantizar reglas electorales claras, previsibles y comprensibles para los ciudadanos.
