El ajuste como política de estado está imponiéndose en la administración de los distintos niveles de gobierno, tanto centralizada como descentralizada. Ha llegado a organismos autónomos, como las universidades y la UNSa no es una excepción.
Opinión10/06/2025
Esta política fue impuesta desde su asunción por la gestión libertaria que, para justificar los avances contra el ordenamiento vigente, cubrió todo con el manto de la sospecha de corrupción. No necesariamente es la razón porque se está determinando que la escasez de recursos obliga a optimizar su uso con mayor eficiencia.
El ámbito de las universidades está mostrando que el esfuerzo debe ser preciso, poniendo como norte la defensa de la educación superior pública y gratuita. En esa definición está acompañada por la sociedad.
Los rectores de las casas de estudios de todo el país, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional, produjeron un documento de base como guía para la conducción del sector, afirmando el acceso a la educación superior como un derecho y el valor estratégico de la producción científica. Es lo que se debe cuidar en el proceso de adecuación a las nuevas reglas de la política para ese ámbito.
La definición primaria es del Ejecutivo nacional, que para los dos primeros años ha decidido administrar sin presupuesto para cada ejercicio fiscal. Ello ha llevado a la profundización de las difíciles condiciones en las que se debe desenvolver el sistema. Cada una de las universidades ha denunciado la crítica situación de la primera parte de este año, en el que el escenario es más sombrío y dramático en materia salarial, como dice el documento del CIN, elaborado en abril en su primer plenario del año.
Se suma el desfinanciamiento del sistema científico, la paralización de obras, la falta de fondos para programas y proyectos específicos, como la creación de nuevas carreras o institutos tecnológicos y para la extensión universitaria. Con ese panorama, la universidad de Salta cambió sus autoridades, que se lanzaron a revisar cuentas y acciones en marcha.
De ese análisis se concluyó en que, tal como informara el rector Miguel Nina, la situación es compleja porque hay déficit y se debe determinar el destino de algunas partidas. En una conferencia de prensa informó que la UNSa afronta un déficit de 942 millones de pesos, según el detalle de las cuentas presentado por la anterior gestión en el proceso de transición.
Consecuentemente se tomaron inmediatas medidas para contener la expansión del desequilibrio. En ese orden, se procedió a no renovar contratos de personal sin que ello ponga en riesgo la tarea de las cátedras. La aclaración procedió atento a que hubo una denuncia gremial sobre despidos que han inquietado a la docencia y no docencia.
El informe presentado también da cuenta de gastos injustificados a la luz de los resultados o de las funciones mismas de la casa de estudios. Uno de ellos se vincula a la contratación de un servicio para mejorar la página web de la UNSa, que se pagó y no se realizó y el gasto en pautas publicitarias que por su volumen determinaron la inmediata cancelación de la mismas.
La mención sirve para confirmar que en muchas áreas hay un manejo ineficiente de los recursos públicos, dando razón a las disposiciones de una administración nacional que busca el superávit fiscal, por encima de consideraciones de otra índole. Se puede advertir la necesidad de ajustar la gestión de los fondos que se integran, en todos los casos, con el aporte de los argentinos.
Queda para cuidar que alcanzar la eficiencia no signifique sacrificar a amplios sectores sociales, que ya vienen desde otras gestiones sufriendo la marginalidad y la postergación de sus legítimas demandas,
Salta, 10 de junio de 2025
Con varias causas aún abiertas, Cristina Fernández comienza a cumplir la condena de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos confirmada este martes por la Corte Suprema de Justicia. La decisión generó un fuerte impacto y las reacciones inmediatas se centraron en la vinculación del fallo con su futuro político.
En estos tiempos de transformación, donde las mujeres reclamamos con firmeza un lugar digno en la sociedad y en la política, no podemos seguir tolerando que las estructuras de poder sigan sirviendo como refugio para quienes ejercen violencia o utilizan su investidura como escudo para deslegitimar el trabajo de otras personas, especialmente mujeres en funciones públicas.
La séptima elección de distrito consolidó la tendencia a la no participación de los ciudadanos convocados a los comicios de medio tiempo.
“La gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas”. Esta frase que suele repetir el presidente Milei es la que dispara una preocupante situación de violencia in crescendo en la Argentina.
El Senado de la Provincia se sumó este jueves a la tarea de resolver el desastre ambiental generado por un pozo petrolero descontrolado en Pichanal. La propuesta presentada por el representante de Orán no es la solución sino la exigencia de su búsqueda.
El control público, un costado vulnerable de la administración del Estado en sus distintos niveles, está mostrando que es un mecanismo imprescindible para evitar las recurrentes crisis económicas y sociales.
El Consejo de Administración del Hospital Garrahan advirtió a los residentes que allí trabajan que comenzarán a aplicar sanciones en caso de no cesar con el reclamo salarial y las medidas de fuerza.
El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, analizó el anuncio de YPF sobre precios diferenciados según horario y lugar. Advirtió que el sistema requerirá conectividad y podría no llegar al interior.
Distintos gremios advirtieron sobre la posibilidad de concretar medidas de acción directa. La cuenta regresiva.
El hombre de 48 años fue hallado sin vida dentro de su vehículo en el margen sur del río Arenales, cerca de San Luis. La fiscalía investiga las causas del fallecimiento.
Se trata de una casilla que llevaba tiempo en desuso y el propietario hizo caso omiso a la notificación.