Firmeza

La medida, que en 2024 llamó la atención a todo el país y generó que comience a extenderse a otras partes del territorio, volvió a tomar actualidad. A través de redes sociales hubo una campaña en contra promovida precisamente por quienes pretendían acceder al servicio, usufructuando su gratuidad. Ello obligó a que el gobernador Gustavo Sáenz ratifique la vigencia del cobro y asegure que no se dará marcha atrás. Más aún, reveló que gestiona ante el gobierno nacional que se haga extensiva la medida, vigente en otras cuatro jurisdicciones, a todo el país.

El gobierno provincial aplicó el arancelamiento a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 129, de febrero de 2024, que fue motivado por la crítica situación del sistema provincial de salud por la merma de por parte de extranjeros. Hay que destacar que este sistema es solventado a través del arancelamiento realizado por los diversos efectores del sistema sanitario. Ese costo es cubierto por las obras sociales, los empleadores obligados por leyes laborales y, en caso de personas carentes de recursos y sin obra social, por el Estado provincial a través de una partida específica asignada a tal fin.

El necesario equilibrio de esas fuentes de financiamiento estaba en riesgo por la crisis económica que atravesaba el país al inicio de la administración de La Libertad Avanza y que se describió en los considerandos del DNU. Se destacó el alto índice inflacionario existente por su incidencia en los costos de insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria. Asimismo, se hizo notar que ya impactaba en el erario provincial el recorte de las transferencias nacionales y la disminución de la recaudación propia, consecuente con la caída de la actividad económica.

Fue la concurrencia de múltiples factores la que facilitó que se resuelva una situación largamente observada, configurada por la particular posición geográfica de la Provincia, limítrofe con tres países. Estaba naturalizada la creciente demanda de servicios, especialmente de salud, por su gratuidad y calidad, por parte de extranjeros hasta que la amenaza de un colapso que iba a afectar a los salteños puso el límite que se está imitando en el resto del territorio nacional. 

Debe reconocerse que el contexto que generó la medida no ha variado. Los costos crecen de manera exponencial y los recursos decaen, obligando a marcar prioridades. Es que la Argentina sigue siendo un territorio de oportunidades pese a los avatares que atraviesa. Prueba de ello es que mantiene su posición en el Índice de Desarrollo Humano, con el que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo mide el progreso de los países. En 2025, el país mantiene su puesto 47 entre 193 países que se miden y conserva su segundo lugar en el ranking de América Latina, por debajo de Chile y por encima de Uruguay, en el grupo de tres naciones que mejor miden. La referencia es necesaria porque los componentes de salud y educación, que muestran valores elevados, explican en gran medida esta posición. 

Pero se debe cuidar y proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud pública, que es la posición que defiende a rajatablas el mandatario provincial. No sólo permite optimizar el uso de recursos escasos sino que amplía la disponibilidad de turnos para la atención de los residentes permanentes. 

No hay un fin economicista sino un ejercicio virtuoso de la administración pública. Y se aplica sin abandonar el principio que la prestación del servicio de salud es una cuestión humanitaria.

Salta, 29 de julio de 2025