El acuerdo fue considerado el posible en el marco de una situación de crisis socioeconómica y no será revisado sino hasta la tercera semana de octubre. Para este segundo semestre se dispuso un incremento del 14% que se aplicará sobre el sueldo de enero pasado, lo que implica un 23% de aumento anual, además de un bono de $50.000 a cobrar este fin de semana.
La referencia al ajuste del año no es ociosa. Se remite a la estimación que sobre el comportamiento de la inflación se realiza a través del REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado que efectúa el Banco Central en base a cálculos que realizan 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina. Las proyecciones del REM llevan a una inflación del 25% para el 2025, con lo que el ajuste salarial deja los salarios del sector público provincial a dos puntos abajo.
Esos son aspectos que se conversaron en la negociación colectiva, durante la cual desde el Gobierno se exhortó a alcanzar consensos con responsabilidad fiscal y sentido de equidad, como dijo el titular de la cartera económica, Roberto Dib Ashur. Los gremios firmaron el acuerdo con la excepción de ATE y los sindicatos que representan a la docencia; sólo UDA marcó la diferencia, poniendo valor a la necesidad de contribuir a mantener la continuidad en el cobro y sostener los reclamos mediante el diálogo.
La información que recibió la dirigencia gremial es preocupante y así lo han ponderado aquellos sectores que suscribieron la paritaria. Se les advirtió que si no se mejoran los ingresos, dentro del próximo trimestre Salta podría llegar a la necesidad de endeudarse para pagar sueldos. Fue una práctica en gestiones anteriores la emisión de Obligaciones Negociables y es precisamente la actual administración la que ha logrado reestructurar la deuda heredada. Otras señales de las dificultades que afronta el erario público son las dificultades financieras que atraviesa SAETA, que ha generado advertencias desde los operadores que revelaron un atraso de cinco meses en el cobro de sus prestaciones.
Algunos de los referentes paritarios marcaron como prioridad el porcentual del ajuste salarial pero también operaron mesas técnicas que resolvieron problemas sectoriales, que significan mejoras en los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, se elevó a 715 mil pesos el sueldo inicial de un maestro con jornada simple, se acordaron mejoras en los ítems de asistencia crítica en materia de salud y un adicional por función y responsabilidad en distintas áreas de la administración centralizada, entre otras mejoras. Es cierto que quedaron en pie algunos pagos en negro, un acuerdo tácito entre Estado y dirigencia sindical.
La falta de unanimidad no afectará la aplicación del acuerdo porque hay antecedentes de organizaciones que no firman pero cuyos afiliados cobran los nuevos valores. Solo los docentes suelen aplicar medidas de fuerza que no son convocadas habitualmente por los gremios que las toleran por conveniencia por cuanto se convierten en la vía de distensión de la conflictividad.
Es así que el costo de la protesta lo paga la sociedad con el retroceso de la calidad educativa, que empieza con el cierre de las aulas por la ausencia de maestros y profesores.
Salta, 30 de julio de 2025
