Las complicaciones financieras de las cuentas públicas atravesaron las negociaciones que, en el primer semestre, no mostraron mayores dificultades. El mérito que solía celebrar la gestión de Gustavo Sáenz, de absorber en cada ajuste el impacto de la inflación, no aparece como posible pese a que los guarismos son sensiblemente inferiores a los de años anteriores.
En la tercera ronda de conversaciones, el Gobierno presentó una oferta que supera en más de un punto a la inicial, además de mejoras en diversos ítems que se plantearon en las mesas sectoriales. Alcanza el 10.5% hasta diciembre, fraccionado en un 3% en agosto, 2,5% en octubre, 2% en noviembre y 3% en diciembre. A ello agregó la jerarquización docente y aumento del transporte para el área de Educación; incrementos por asistencia crítica en Salud y para la administración centralizada, el pase a personal temporario. Asimismo y en base a lo discutido con cada sector, también ofreció una mejora del sueldo inicial en los sectores de Educación y Seguridad. Pero no alcanzó para cerrar un acuerdo; apenas sirvió para volver al diálogo entre el lunes y martes próximo.
Este resultado da cuenta de la complejidad de lo que se está tratando. Se enmarca en los esfuerzos que la Provincia viene realizando desde el cambio en la conducción nacional, que redujo la remisión de fondos obligando a que la Provincia se haga cargo del pago mensual del incentivo docente y en este ejercicio fiscal, de una inversión adicional de $10 mil millones para reforzar el Plan de Infraestructura Escolar y Centros de Salud.
Las dificultades del sector público van a la par de las que padecen los privados. En la mesa paritaria se comparten los efectos del estancamiento de la economía, la disminución del consumo, la pérdida de empleo y la caída de la recaudación.
Ambas partes sostienen la voluntad de diálogo pero también reconocen que la tolerancia se va agotando. Los funcionarios observan la falta de comprensión de la dirigencia gremial a su exposición de dificultades. Desde el sector sindical, en tanto, cuestionan del gobierno la intención de poner el equilibrio fiscal y el ajuste sobre los hombros de los trabajadores. Todavía no se ha llegado al punto de asumir que ninguna de las partes tiene posibilidad alguna de sacar ventajas; apenas pueden no perder demasiado.
Las paritarias en marcha en cualquier punto del país -quizás con la sola excepción de Santiago del Estero que este año elige nuevo gobierno- son la demostración que el salario no es el único factor a analizar en el ordenamiento económico y social. Ello así aún en una economía como la salteña, altamente dependiente del Estado, convertido en la principal fuente de trabajo.
A nivel nacional, la oferta del gobierno de Javier Milei asciende a 7,5% en seis meses, más tres sumas fijas de $25.000 y otras tres de $20.000, retroactivo a junio. La Unión del Personal Civil de la Nación aceptó la propuesta, pero la Asociación de Trabajadores del Estado la rechazó, sumando con la divergencia gremial interna una nueva dificultad. La confrontación augura una creciente conflictividad.
Pero al menos hasta octubre es difícil ubicar en el horizonte una huelga masiva en el Estado, que paralice la salud, la educación e, incluso, la seguridad, como ocurrió en otros tiempos. Hasta ahora ha quedado en claro que no hay ánimo en la sociedad de poner su bienestar en manos del gremialismo.
Salta, 25 de julio de 2025
