
El Gobierno reglamentó la Ley de Transparencia y garantiza que cualquier ciudadano pueda acceder a información pública sin justificar el pedido.


El ministro Martín de los Ríos pidió a la población respetar la zona de exclusión de 100 metros alrededor del pozo con surgencia de gases, ubicado en Lomas de Olmedo.
Salta06/06/2025
Agustina Tolaba
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, reiteró este viernes un pedido enfático a la comunidad para que no se acerque al área del pozo con surgencia de gases ubicado en la zona de Loma de Olmedo, en el municipio de Pichanal. La advertencia está motivada por razones de seguridad, ya que, aunque no se detectó riesgo inmediato, el fenómeno está siendo monitoreado de forma constante por técnicos del gobierno provincial.
“No hay riesgo para nadie —ni para personas, ni bienes, ni animales— mientras se respete la zona de exclusión de 200 metros que hemos fijado”, explicó el ministro. En ese radio se verificó que no hay presencia de gases nocivos en el ambiente, aunque los controles continuarán.
Según De los Ríos, el próximo martes un laboratorio especializado tomará muestras para confirmar los primeros análisis, que detectaron dióxido de carbono en un 95% y metano en un 5% en la surgencia. “Ya tenemos la certeza de que los gases se disipan en ese rango, pero igual seguiremos monitoreando”, afirmó.
El funcionario advirtió especialmente sobre el riesgo que implica el ingreso de personas no autorizadas a la zona. “Pedimos con firmeza: no invadan el área, no se acerquen a sacar fotos ni por curiosidad. Esto es para resguardar su seguridad”, insistió.
Además, el ministro recordó que el pozo fue perforado en 1983 por YPF, en una época de intensa actividad hidrocarburífera en la Cuenca Norte, y que su abandono no fue hecho de forma adecuada. “Estamos frente a un viejo pozo mal abandonado. Hoy tenemos que hacernos cargo de remediarlo y determinar responsabilidades. Y eso estamos haciendo”, aseguró.
En este sentido, De los Ríos explicó que se están siguiendo todos los pasos legales, administrativos y técnicos para exigir a la actual concesionaria —y eventualmente a quien corresponda— que asuma los costos del abandono definitivo y la remediación ambiental del área afectada.
“El mensaje es tranquilidad. El fenómeno está siendo manejado con responsabilidad y tenemos todo en marcha para solucionarlo. Solo pedimos colaboración para que nadie se exponga innecesariamente”, concluyó.

El Gobierno reglamentó la Ley de Transparencia y garantiza que cualquier ciudadano pueda acceder a información pública sin justificar el pedido.

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