Vicente Cordeyro señaló que el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad en el interior contradice la ley y pone en riesgo derechos fundamentales.
Salta04/06/2025
Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el especialista en seguridad y comisario retirado Vicente Cordeyro se refirió a la creciente situación de narcotráfico y connivencia institucional en la provincia de Salta. Según Cordeyro, “desde hace 20 años que esto sucede repetitivamente”, pero es la primera vez que se reconoce públicamente desde el poder político.
El excomisario hizo alusión directa a lo expresado por el gobernador Gustavo Sáenz durante el Congreso de Seguridad Interior que se llevó a cabo en un hotel céntrico de la capital salteña. “El gobernador dijo por primera vez: Salta tiene organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico asentadas en la zona de frontera de Aguas Blancas y Salvador Mazza, y que incluso amenazaron de muerte al procurador a través del Gringo Palavecino, el Cabezón Díaz y otros sicarios conocidos”, relató.
Cordeyro también destacó la gravedad de la situación institucional que atraviesa la provincia, mencionando la reciente detención de varios jueces y del intendente de Aguas Blancas. “Hay una connivencia bastante grave”, afirmó, y recordó que “ministros y gobernadores anteriores nunca hablaron de narcotráfico, ni se plantaron ante las organizaciones criminales como se está haciendo en la actualidad”.
En ese marco, criticó la participación del Ejército en tareas de seguridad interior con el Plan Guemes, señalando que “no está preparado para la lucha contra el narcotráfico” y que la ley lo prohíbe expresamente. “Las leyes de Seguridad Interior, Defensa Nacional e Inteligencia Criminal dividen taxativamente el rol del Ejército de las fuerzas de seguridad. Solo Gendarmería y Prefectura tienen competencia en estos casos”, explicó.
Cordeyro subrayó que el Ejército “está preparado para la guerra, para destruir al enemigo”, y que su involucramiento en conflictos internos sería inapropiado y peligroso. También manifestó su oposición a la propuesta del gobernador Sáenz de promover una ley de derribo para avionetas sospechosas de narcotráfico. “Estoy totalmente en desacuerdo. Nadie puede ser juzgado sin juicio previo. Sería condenar a muerte a una persona”, afirmó.
Para ilustrar su postura, recordó el caso del narcotraficante Castedo, “el máximo en la historia salteña”, quien fue “juzgado, condenado y encarcelado con pruebas contundentes”. Cordeyro advirtió sobre el riesgo de error fatal de la impulsada Ley de Derribos: “¿Qué pasa si en esa avioneta venía una familia que necesitaba ingresar rápidamente por un tratamiento médico? Si la derribamos sin aviso, estaríamos condenándolos a muerte” concluyó.
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