Alarma

Es lo que se desprende del análisis realizado por el Ministro de Salud de la Provincia. Federico Mangione apuntó a la dimensión de la obra social provincial, actualmente intervenida, que atraviesa una situación deficitaria de importante proporción, cuya única salida es el control estricto sobre afiliados, prestadores y el sistema en general, que hace suponer que incluirá el manejo administrativo interno del organismo.

El funcionario marcó la necesidad de una reestructuración total porque se está ante un sistema obsoleto, que no permitió advertir en tiempo y forma los desvíos que se hicieron muy evidentes cuando se dispararon los precios de los medicamentos, especialmente las drogas oncológicas. Las restricciones en las prestaciones que impuso la conducción del IPS, en un intento por bajar los gastos, fueron anuladas judicialmente.

Las auditorías  que se están realizando también están mostrando otra arista del desequilibrio de las cuentas y se centran en pagos indebidos, algunos a fundaciones que realizaban cobros sin justificación. Aún hay un largo camino por recorrer en esas investigaciones.

El peso de los medicamentos es significativo, especialmente desde que la actual administración impuso medidas de desregulación en salud. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que esa política provocó el aumento sostenido en el precio de los medicamentos, lo que afecta especialmente a los adultos mayores, quienes consumen en promedio cinco medicamentos mensuales. Estos productos representan una carga cada vez más significativa en las finanzas de los jubilados y de las obras sociales públicas y privadas que le dan cobertura. Según cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad la participación de los medicamentos en la canasta de consumo de personas mayores creció cinco puntos en dos años. Quizás ello ha sido la razón por la que se intentó transitar un atajo, separando a los jubilados del padrón del IPS, decisión fuertemente resistida.

El Ministro de Salud marcó la urgencia por resolver la situación de la obra social salteña por la dirección que podría tomar el sistema de salud en el país, advirtiendo que se está avanzando hacia un modelo más excluyente. Escuchó a su par nacional anticipar que “no todos van a tener derecho a una salud digna si no tienen plata”. 

Precisamente el titular de la cartera nacional,  Mario Lugones, anunció este lunes un paquete de cinco medidas que promueven recortes, desburocratización del sistema y revisión científica de vacunas y alimentos. Una de esas medidas propone el achicamiento del aparato sanitario estatal y la revisión del funcionamiento de organismos como ANMAT, PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Superintendencia de Servicios de Salud y hospitales nacionales.

Se explicó que esa reingeniería operativa tiene el objetivo de “ordenar y actualizar estructuras anquilosadas”. El plan generó inquietud en ámbitos científicos y de la salud que desconfían de una nueva narrativa sobre soberanía sanitaria, eficiencia operativa y rigor científico, que apunta a redefinir el rol del Estado en la salud pública. La salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud y la revisión de vacunas, son dos puntos que alarman.

La administración libertaria justifica la advertencia lanzada por el ministro Mangione. Seguramente habrá restricciones que las provincias deberán compensar con sus propios recursos.

Salta, 27 de mayo de 2025